La expresentadora es sindicada por los tipos penales de asociación delictuosa y encubrimiento.


El Ministerio Público de La Paz emitió este martes la orden de aprehensión en contra de la expresentadora de televisión Melisa Ibarra después de que no se presentó a declarar por el caso de la presunta extorsión de falsos efectivos del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip).

“Hoy se tenía programado la toma de declaración de la señora Ibarra a las 10.00, (pero) no se hizo presente y tampoco presentó ningún justificativo con relación a su incomparecencia, (por lo que) el Ministerio Público (…) ha librado la orden de aprehensión en contra de esta persona”, informó el fiscal coordinador Sergio Bustillos.

Recordó que la expresentadora y activista está en este proceso investigativo en calidad de sindicada por los tipos penales de asociación delictuosa y encubrimiento en relación a un caso de “ejercicio indebido de profesión”.

“Una persona denunció el año pasado que habría sido retenida de forma ilegal en la zona Sur por dos personas vestidas de Gacip en un vehículo blanco, que (luego de las investigaciones se determinó que) es de propiedad de la señora Ibarra”, dijo Bustillos en contacto con distintos medios de comunicación en La Paz.

Sin embargo, se tiene conocimiento de que Ibarra alega que su vehículo fue robado, pero —de acuerdo al fiscal departamental William Alave—  el motorizado “nunca” habría sido sustraído porque se lo encontró con sus llaves originales.

Asimismo, Alave confirmó que este proceso no fue denunciado por instancias gubernamentales, sino por un ciudadano particular identificado como J. A. V. S. en mayo de 2020.

Pero “lastimosamente (la denuncia) hubiese sido rechazada por la anterior Fiscalía (y luego se volvió a abrir el caso porque) existen elementos suficientes de que el hecho se ha producido en Chasquipampa (zona Sur de La Paz), donde estos falsos policías, no eran efectivos del Gacip, pretendían extorsionar a un señor realizando una serie de abusos por lo que él pidió auxilio a los vecinos y (ellos) destruyen el vehículo”, explicó Alave en una entrevista con Bolivia TV.

Hace una semana se hizo la inspección técnica del vehículo y se encontró uniformes de policías, toletes, granadas de gas lacrimógeno y también la mencionada llave original del motorizado.

En ese sentido, ahora “la hipótesis del Ministerio Público es que este vehículo servía para extorsionar a ciudadanos que en ese momento incumplían la cuarentena (dictada) por el COVID-19”, añadió el fiscal departamental.

Por este mismo caso, la jornada pasada se aprehendió a David de la Torre, un exjefe policial que habría tenido conocimiento de los hechos investigados.  

Pues se tiene información que “por instrucciones superiores del aprehendido (los fasos policías) habrían utilizado los uniformes del Gacip; esta persona se encontraba encargada del Gacip y (por eso ahora está acusada por) los tipos penales de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y asociación delictuosa”, añadió el fiscal coordinador.



Otra de las irregularidades hace al proceso de contratación del servicio de tornería por más de Bs 17.000 para el mantenimiento de los motorizados de la FELCN.


El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que se desbarató una red de corrupción montada en la gestión del exministro Arturo Murillo que hizo un manejo irregular de Bs 156.699.625. En una primera etapa se informó de la malversación de Bs 87.416.472 y ahora nuevas auditorías detectaron irregularidades en el manejo de Bs 69.283.153.

“Me corresponde informar al pueblo boliviano que el resultado de estos 22 casos arroja la suma de Bs 69.283.153 que eran recursos con los que pudieron haberse construido hospitales, comprado respiradores, eliminar la corrupción, con los que se pudo haber comprado trajes de bioseguridad a la Policía, sin embargo, estos recursos se mal utilizaron y se gastaron los recursos del pueblo boliviano”, afirmó en conferencia de prensa.

Uno de los casos expuestos tiene que ver con la compra de talco para pies para el personal militar de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (UELIN).

“El proceso es por Bs 449.085, un proceso para la adquisición de talco para pies para el personal militar de la UIELIN; en este caso evidenciamos tres irregularidades: han realizado y erogado recursos con casi medio millón de bolivianos para comprar talco cuando en ese momento el país estaba en la cúspide de la primera ola, cuando nuestros policías en las calles no tenían barbijos”, cuestionó.

Otra de las irregularidades hace al proceso de contratación del servicio de tornería por más de Bs 17.000 para el mantenimiento de los motorizados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) (Occidente) para la gestión 2020.

“Se evidencia favoritismo a empresas, lo que se demuestra que cuando hubo entrevistas se dictó cinco preguntas, sin embargo, para una de ellas se omite una y ésta (empresa) no cumplía ciertos requisitos y es a ella a la que se le asigna. No hubo igualdad de condiciones y se direccionó el proceso”, aseguró.

Del Castillo recordó que su despacho denunció, en diciembre de 2020, ocho casos de supuesta malversación por Bs 87.416.472, monto que sumado a los Bs 69.283.153 hace un total de Bs 156.699.625 mal utilizados, según la autoridad.

En la actualidad existen 49 procesos administrativos que involucran a 52 personas contratadas en la gestión de Murillo.

“Con esto hemos desbaratado toda la red de corrupción que existía al interior del Ministerio de Gobierno y si fuera poco estamos iniciando cuatro procesos adicionales penales contra siete personas por la suma de más de Bs 73.205.214 porque creemos que se han retirado de manera injustificada estos recursos que pudieron ser usados para el pueblo boliviano”, cuestionó.

“Vamos hacer todo lo posible para recuperarlos y que lleguen al pueblo boliviano”, comprometió Del Castillo.

Murillo salió del país el 5 de noviembre de 2020 rumbo a Brasil desde donde viajó a Panamá y de ahí a Estados Unidos. La exautoridad es buscada por la denuncia de sobreprecios en la compra de equipo antidisturbios. También fue denunciado el exministro de Defensa Luis Fernando López, quien también abandonó territorio nacional el pasado año.



El presidente ejecutivo de ENDE Corporación, Marco Escobar, informó ayer que auditorías realizadas a la Empresa Nacional De Electricidad en Beni, de la gestión 2020, revelaron hechos de corrupción en esa filial, relacionados a la compra de dos terrenos con un sobreprecio de casi Bs 400.000 por parte de exgerentes de la gestión de Jeanine Áñez.

Detalló que el primer caso tiene que ver con la compra de un terreno en Santa Ana del Yacuma, que tenía un valor de Bs 313.200; sin embargo, fue adquirido en Bs 460.990.

"Dentro de las investigaciones se pudo verificar, incluso, que el formulario del pago de impuestos del bien inmueble tiene un valor catastral de Bs 46.252. Entre los presuntos responsables tenemos al señor Ricardo Parada Arteaga, exgerente general de la Empresa ENDE Beni", señaló. 

Asimismo, añadió que el segundo hecho de corrupción se trata de la obtención de otro terreno en San Ignacio de Moxos, que tenía un precio de Bs 113.856, pero fue comprado por Bs 361.920.

La suma total del sobreprecio es de Bs 395.854 y según Escobar, ninguno de ellos es apto para la construcción de oficinas. 

El presidente ejecutivo de ENDE Corporación señaló que el primer caso está en etapa de imputación en la Fiscalía y el segundo en fase de investigación en la misma instancia. 



La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pidió la detención preventiva para un exfuncionario que fue aprehendido por los delitos de cohecho activo y contribución y ventajas ilegitimas, informó el asesor jurídico de esa entidad, Américo Aranibar. 

"Entendemos que se encuentra con imputación formal y en horas de la tarde (de hoy) se va a realizar la audiencia de medidas cautelares, donde la ANH está pidiendo la detención preventiva de esta persona por estos hechos que se han suscitado", señaló, en rueda de prensa. 

El Asesor Jurídico de la ANH denunció que el 5 de mayo, un individuo envió un mensaje mediante WhatsApp al director ejecutivo, Germán Jiménez, alertando sobre supuestos hechos irregulares al interior de la institución.

“Esa misma persona, el 13 de mayo, se comunicó con la Unidad de Trasparencia de la entidad identificándose como el representante legal de una empresa, lo cual era falso”, señaló.

Aranibar indicó que el 16 de mayo, mediante una llamada telefónica, la persona citó a Jiménez, en la plaza Isabela Católica de la ciudad de La Paz, donde le planteó trabajar en la autorización de construcciones de estaciones de servicio. 

Ante la denuncia hecha por la ANH, ese día, el sujeto fue capturado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y actualmente está aprehendido. 

"Obviamente, el Director Ejecutivo de la ANH no se ha prestado a esta situación, a este hecho de corrupción. La Policía ha tomado cartas en el asunto y ha procedido con la aprehensión de esta persona", señaló.  

Por su parte, Jiménez manifestó que la ANH es una entidad donde se trabaja con "transparencia". 

"Me siento indignado, como boliviano, como hijo, como padre de familia, como profesional, de que personas malintencionadas se presten a este tipo de hechos".


El Gobierno pide a Interpol activar el sello azul contra el exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez que salió del país el año pasado y está involucrado en varios delitos.


El exministro de Gobierno Arturo Murillo está involucrado en un nuevo hecho ilícito que se suma a la lista de ocho procesos que tiene en su contra.

Es acusado por las muertes en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), sobreprecio en compras, calumnias e injurias y narcotráfico, entre otros.

La Fiscalía informó ayer del inicio de una investigación de oficio en contra del “hombre fuerte” de la gestión de la presidenta Jeanine Áñez por la presunta desaparición de 400 kilos de sustancias controladas que se hallaron dentro de un cargamento de madera, en La Paz, en diciembre.

El 15 de enero, cuando se debía realizar la incineración de una tonelada 435 kilos de droga, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), evidenció la ausencia de estos 400 kilos ya que solo había una tonelada y cuatro kilos.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Moisés Palma, explicó que los 60 horcones y vigas alistonadas tenían como destino Bélgica.  

Dijo también que en este caso están involucradas otras seis personas, acusadas por los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

LOS PROCESOS

Murillo, que se encuentra fuera del país desde el 5 de noviembre, enfrenta al menos nueve procesos por lo que desde el Gobierno pidieron a Interpol (Policía Internacional por sus siglas en inglés) la activación del sello azul para su búsqueda y captura.

Se presume que salió rumbo a Brasil junto al exministro de Defensa Luis Fernando López.

El primer proceso en su contra es por el supuesto sobreprecio de casi dos millones de dólares en la compra de material antidisturbio. Por este caso se activó una alerta migratoria internacional.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó los resultados preliminares de auditorías realizadas a la gestión de su antecesor e informó de ocho irregularidades en los procesos de adquisición.

También tiene una denuncia por difamación y calumnias tras acusar a una mujer del rapto de una bebé. 

Por otro lado, está la quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales. Por este caso, su vivienda fue allanada, en el marco de las investigaciones.

Se suma la cuarta denuncia por las muertes durante los conflictos de 2019 en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

A su vez, está el proceso que le sigue el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera por delitos de calumnia y difamación tras ser acusado de haber promovido una “persecución” en su contra mientras ocupaba el cargo de director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía.

El exministro de Salud Marcelo Navajas también lo involucró en la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio y la Fiscalía investiga el uso indebido de datos informáticos, allanamiento y resoluciones contrarias al a Constitución por vulnerar protocolos de seguridad de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

La octava acusación es por el retraso en la extradición del “pez gordo” del narcotráfico, Pedro Einar Lima Lobo. 

Finalmente, otro caso relacionado con esta actividad ilícita es por la desaparición de los 400 kilos de cocaína.


La aprehensión este lunes del coronel David de la Torre, exjefe contra el robo de vehículos, se convirtió en la punta del ovillo para desenmascarar a un grupo paramilitar que poseía estructura, jerarquía y financiamiento para sustentar el golpe de Estado de 2019. La expresentadora de televisión Melisa Ibarra formaría parte de esa organización delictiva. La Fiscalía la convocó a declarar mañana martes.

El coronel De la Torre, exjefe departamental de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), fue aprehendido en el marco de la investigación por asociación delictuosa y ejercicio indebido de la profesión.

Ibarra es acusada de encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, indica la orden de citación de la Fiscalía de La Paz.

El caso fue abierto por la denuncia de Jesús S. T., quien indicó que el 5 de mayo del año pasado, durante la cuarentena rígida, en la zona Sur de La Paz, fue víctima de una tentativa de rapto por una pareja que conducía un vehículo blanco. La pareja se identificó como perteneciente al GACIP (Grupo de Apoyo Civil a la Policía). Posteriormente, se determinó que el motorizado pertenecía a Ibarra, informó el periódico La Razón en su edición digital.

Tras una investigación de la Fiscalía, se encontró que la pareja no trabajaba en la institución del orden, pero que “habrían sido utilizados por un oficial de la Policía para que puedan utilizar los uniformes”.

La pesquisa estableció que el vehículo, en 2020, hizo recorridos por la zona sur y pedía dinero a quienes infringían las restricciones impuestas por el gobierno de facto.

Ibarra hizo saber que sufrió el robo de su vehículo, pero no presentó denuncia a la Policía, aunque la compañía aseguradora desembolsó el dinero por la póliza en caso de pérdida, indica el informe.

La Fiscalía encontró, en el vehículo, uniformes, manillas que pertenecen al GACIP y granadas de gases lacrimógenos, además de la llave original del vehículo, lo que derivó en la convocatoria de Ibarra a declarar ante el fiscal.

Sin embargo, el investigador privado Sergio Huamán, mostró al canal televisivo Bolivia Tv, documentos, fotos e informes que muestran que Ibarra contribuyó, prestó su vehículo y financió un grupo paramilitar que tenía estructura, jerarquía y financiamiento para actuar durante el golpe de Estado de 2019.

“Hay una organización paramilitar vinculada a estos hechos”, indicó.

El investigador dijo que esa organización está compuesta por “Mauricio Z. H, que es el lugarteniente de Ibarra, quien ha proporcionado vehículo, medios, insumos, logística para diferentes hechos, para empezar el golpe de Estado”.

El grupo de Ibarra estuvo involucrado en las agresiones a campesinos e indígenas, en 2019, y en la venta irregular de pruebas de COVID-19 que habrían sido desviadas de una donación para la Policía. Incluso, ella ofreció en sus redes sociales vender dichas pruebas, indicó Huamán.

Según el investigador, Ibarra fue la encargada de organizar, financiar a dicho grupo que, tiempo atrás, intentó la toma de las oficinas del Defensor del Pueblo.

Ahora, Ibarra fue convocada a declarar en la Fiscalía para esclarecer sus responsabilidades en estos casos.


El vocero presidencial Jorge Richter recordó que en todo el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019 no está la palabra fraude electoral


Será “muy importante” que el próximo embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, le pregunte “mirándole a la cara” a Luis Almagro por qué en el informe sobre las elecciones anuladas de 2019 “no figura la palabra fraude”, consideró el portavoz presidencial Jorge Richter.

En el Senado se encuentra la designación del exministro Arce como representante de Bolivia ante la OEA que ahora se encuentra bajo la gestión de Almagro, cuestionado por el oficialismo debido a su accionar en las elecciones anuladas de 2019 por denuncia de irregularidades por parte de los observadores del organismo.

“Será muy importante que el señor Héctor Arce que estará en la OEA le pregunte, mirándole a la cara, al señor Almagro por qué en las 95 páginas que tiene ese documento (sobre las elecciones) que ha devastado nuestra institucionalidad electoral y nuestro sistema electoral que él ha proporcionado aquellos hechos, por qué en ese documento no figura la palabra fraude pero él sí lo utiliza recurrentemente en sus redes sociales”, cuestionó Richter en el estatal Bolivia Tv.

El informe del organismo denunció irregularidades en las elecciones de 2019, lo que agravó un conflicto que venía alentado por denuncias de fraude electoral, a lo que se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dimisión.

“Nos gustará escuchar cuáles serán sus respuestas” de Almagro sobre la cuestionante que se la hará, sostuvo Richter.




El exministro de Defensa, Javier Zabaleta, indicó que los grupos movilizados para el golpe de Estado de 2019, actuaron bajo las consignas de forzar la renuncia del entonces presidente Evo Morales, evitar la sucesión constitucional y expresar un odio y persecución a los masistas. En el marco de ese plan, los policías y militares se alejaron de la cadena de mando, incurrieron en insubordinación y actuaron como sindicato, sostuvo.

La exautoridad fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Zabaleta dijo que, en 2019, acompañó a Morales hasta el aeropuerto de El Alto y, al regresar a su domicilio, lo encontró tomado por grupos civiles delincuenciales, entre los cuales presumiblemente se encontraban policías con capuchas. Además, sus familiares fueron amenazados. Por ello, tuvo que pedir asilo a la Embajada de México.

"La Policía amotinada, sublevada totalmente, fuera de su cadena de mando, comienza a participar activamente de las movilizaciones como muestran muchos videos y participan armados en las movilizaciones, por lo que había un riesgo real de asesinato de personas o de ultimar a dirigentes del MAS", indicó.

"El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas ya se había también alejado de su cadena de mando y ya estaba actuando de forma insubordinada", recordó.

Dijo que los movilizados tenían las consignas de lograr la renuncia de Morales, evitar que se cumpla la sucesión constitucional y perseguir, con odio extremo, a las autoridades o simpatizantes del MAS.

"¿Cómo vas a entender que una institución llamada a resguardar la seguridad, el orden, como es la Policía, termine saliendo a las movilizaciones armada, desoyendo a sus propios comandantes y actuando como un sindicato?", cuestionó.


La Cancillería realiza un Foro Internacional en la ciudad de El alto donde participan representantes de al menos 25 países.


El Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este jueves el ‘Foro Internacional de Alto Nivel para la Liberación de la Patentes’ en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para pedir a representantes de al menos 25 países que se sumen a la campaña de liberación de patentes de las vacunas contra el coronavirus.

«Nuestro camino lo hemos enfocado con tres planteamientos: primero, la liberación de atentes; dos, la implementación, la concreción real de las licencias obligatorias, y, tres, la modificación de las reglas para tener licencias obligatorias en el marco de la Organización mundial del Comercio (OMC)», explicó el canciller Rogelio Mayta en el acto.

Ese foro cuenta con la participación de personalidades como Efraín Guadarrama Pérez, coordinador nacional de la Presidencia Pro Témpore Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); el subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López Calva; el director ejecutivo de South, Centre Carlos Correa; el asesor regional de la Unidad Técnica de Tecnología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Tomás Pippo, y la representante del Ministerio de Salud de la República Argentina Sonia Tarragona.

Mayta agregó que el objetivo de la campaña propuesta por Bolivia es que la OMC tenga una «comunicación concreta real, no enunciativa» con la Organización Mundial de Salud (OMS) para pedir la liberación de patentes, a fin de multiplicar la producción de inoculantes en el mundo.

En la mañana del jueves, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, en una entrevista con La Razón Radio, remarcó que el mundo sabe que la única forma de superar la pandemia a la velocidad que se necesita es a través de la vacunación del 70% de la población y eso solo se puede lograr si es que se liberan las patentes.

No obstante, “las negociaciones en la OMC (Organización Mundial del Comercio) pueden ser muy lentas (aunque) hoy por hoy el mundo se dio cuenta que es necesario avanzar de manera muy rápida, entonces llamamos (nuevamente) a los países desarrollados, que son los que han bloqueado el texto (o la demanda a cambiar de posición)”, dijo.


La Comunidad Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, expresó su respaldo a la propuesta boliviana para impulsar el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, planteamiento que fue socializado en el Foro Internacional de Alto Nivel para la liberación de patentes.

La posición de la Comunidad Andina fue expresada este jueves por su secretario general, Jorge H. Pedraza, mediante su cuenta de Twitter.

"En el Foro Internacional de Alto Nivel para la liberación de patentes para el #COVID19, organizado por el gobierno de #Bolivia, expresé mi solidaridad y respaldo a la propuesta del presidente @LuchoXBolivia, para impulsar el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus (sic)", escribió en la red social digital.

Este jueves, el canciller del Estado Plurinacional, Rogelio Mayta, tras informar sobre la conclusión exitosa del Foro Internacional de Alto Nivel “Liberación de las Patentes y Consideraciones de Propiedad Intelectual, en el Contexto de la COVID-19”, afirmó que, con esta actividad, Bolivia ratificó su liderazgo internacional.

“A fines de año, en diciembre, acompañamos la iniciativa de Sudáfrica y de la India, prácticamente, en solitario y, desde hace un tiempo atrás, venimos desarrollando una campaña internacional que ha rendido frutos. Ahora, de los pocos que éramos hace unos meses atrás, contabilizamos más de 100 país plegados a esta posición de liberar las patentes”, destacó Mayta.

Del foro que se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), participaron representaciones de los gobiernos de la India, Sudáfrica, además de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En ese contexto, Pedraza añadió que "desde la Secretaría General de la @ComunidadAndina, consideramos vital y urgente que sumemos todos los esfuerzos y nos concentremos como bloque en alcanzar el objetivo más elevado en esta coyuntura, que es el de preservar la vida (sic)".


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