Por: Gabriel Campero Nava

Falta poco para cumplir un año de gestión de gobierno con el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y nuestros hermanos Lucho y David, con la satisfacción de tener una primera gestión exitosa, ratificada por los excelentes resultados en cuanto a crecimiento económico, descenso del desempleo, gracias a las medidas adoptadas para la reactivación económica, por cuanto podemos confirmar que “técnicamente” ha sido un éxito.

Pero existe una preocupación latente, que es la misma desde el año 2005 hasta el golpe en 2019, y es la poca o nula ideologización o formación política dentro de nuestras instituciones estatales, seguramente muchos se rasgarán las vestiduras señalando que es un pecado hacer política en la función pública, cosa completamente falsa, partiendo del hecho que todos votamos por un partido político y por una ideología política por tanto nuestros servidores públicos deben representar a ese partido político y su ideología. Lamentablemente esto no es del todo así ya que aún se detectan personas infiltradas en algunas instituciones y también existen casos muy descarados que mantienen a golpistas en las instituciones estatales.

Es complicado, pero hay que empezar desde casa, la existencia de traidores en las instituciones del Estado cuando ocurrió el golpe fue resultado de 14 años de despolitización de los servidores públicos, los cuales se autodenominaron “excelentes técnicos” y por ello no los despidieron.

Nadie es imprescindible en la función pública, eso es una verdad innegable, pero los compañeros políticos lo son para garantizar la defensa férrea de nuestro Proceso de Cambio y sin estos, que pueden contagiar los legados revolucionarios más nobles a otros servidores, simplemente nos quedamos con lumpen-proletariado: sin ética revolucionaria, sin convicción, sin valores, velando día a día por su interés personal, de clase y con desclasamiento cultural, retomando la práctica del individualismo salvaje.

Además de ser excelentes profesionales nuestras autoridades designadas deben ser políticos y promover la formación político-ideológica con visión revolucionaria, con horizonte al “hombre nuevo” del cual hablaba el comandante Che.

Para cumplir el cometido previamente señalado se debe partir del compromiso desde las cabezas de ministerios, entidades desconcentradas, descentralizadas y autárquicas, a través de la apertura de sus ambientes a las organizaciones sociales para escuelas de formación y actividades culturales de recuperación de la memoria histórica; en pocas palabras, devolver un poco al pueblo en reciprocidad por el apoyo que otorgaron con el voto.


Efectivamente no podemos colocar a todos en el mismo saco, tenemos el primer gran ejemplo de compromiso en nuestro Presidente y Vicepresidente al otorgar la Casa Grande y la Vicepresidencia a disposición para este tipo de actividades de formación ideológica y de motivación a la recuperación de la memoria histórica. También existen las escuelas de formación política sindical del Ministerio de Trabajo, lo referente a la Biblioteca Laboral, pero esto no es lo único que se requiere, se demanda que las demás autoridades promuevan producción de contenido ideológico o mínimamente contenido para promover la conciencia social respecto a la época neoliberal y dictaduras, comparando con lo que es la verdadera democracia cultural y participativa para ratificar que el neoliberalismo y las dictaduras militares es lo peor que le pasó al país y que además los golpes de Estado no están asociados a los años 80 únicamente, sino que son una realidad que continúa vigente.

Un compañero de lucha decía con mucha razón: “Es más fácil volver a un político en técnico, que a un técnico en un político”.

Existe la necesidad imperante de que las autoridades designadas se apresuren y abran sus instituciones a la política e impulsen a sus servidores a la formación ideológica, política y por ende al pueblo en general.

Fuente: la-epoca.com.bo

Por. Gabriel Campero Nava

Desde negarse a las ocho horas laborales para el sector médico, la modificación al Código Penal, pago de impuestos por servicios de streaming, ley contra la legitimación de ganancias ilícitas son ejemplos de propuestas de normativa que son una necesidad para el pueblo boliviano y que en todo el mundo existen para crear una mejor sociedad.

Pero, en el Estado Plurinacional de Bolivia aparentemente es el único lugar del mundo en el cual las minorías logran imponer su capricho para continuar desarrollando actividades desde lo ilícito hasta lo ortodoxo; más allá de esta situación está la ironía, el 55% que ganó las elecciones y decidió quiénes son sus representantes congresales, presidente y vicepresidente deben supeditarse a lo que un grupo de millonarios con fortunas amasadas dudosamente y un grupo minúsculo de comité cívico (elegido por 200 personas) se opone.

Yo y otros 3.393.977 de personas votamos por Luis Arce y David Choquehuanca para que mejoren el país (y lo están logrando), pero también voté para que nuestro congreso apruebe leyes con las cuales el crimen organizado deje de lucrar con: narcotráfico, paraísos fiscales, trata de personas y posterior a ello puedan lavar ese dinero sucio de manera sencilla.

Somos mayoría electa democráticamente y debemos actuar en pos de la mayoría, hoy las élites, que son minoría y están en contra de dicha ley son los mismos que tachaban al gobierno de Evo Morales de narcogobierno y lo peor de todo es que lograron imponer su capricho para continuar lucrando a costa del sufrimiento y la explotación ajena. 

(Gabriel Campero Nava es Ing. Industrial).

Fuente: ahoraelpueblo.bo

 


Por: Gabriel Campero Nava

Han sido dos jornadas de medir fuerzas, una a favor de la impunidad y convocada por los ricos, otra llevada adelante por el 55% que decidió retomar la democracia en octubre hace un año atrás.

Acá debemos ser críticos como defensores de la democracia y no permitir que como en el 2019 las elites, medios de comunicación y clase media desclasada se apropien de las consignas de lucha, así como lo hicieron secuestrando nuestra tricolor, denigrándola y usándola como capa, mantel y hasta toalla para barbería.

En el wiphalazo vi mucha convicción y escuché discursos con contenido anticolonial y anti imperialista, pero vi muy pocas tricolores pese a que las convocatorias pedían participar con ambos símbolos patrios.

Ya el fascismo tuvo el descaro en el 2019 de usar cantos de resistencia propios de la izquierda durante el golpe y en el periodo de la dictadura de Añez, los escuche cantar “el derecho de vivir en paz” de Jara, “el pueblo unido” de Quilapayun, “resistiré”, entre algunos.

Es momento que las organizaciones sociales, movimientos populares anti imperialistas rescatemos estas consignas y símbolos patrios en nuestras movilizaciones, no solo porque representan la lucha contra la injusticia y el fascismo, sino porque exigen respeto, respeto a sus autores y a lo que representan, respeto que el fascismo jamás les dará. 

(Gabriel Campero Nava es ingeniero industrial)

Fuente: ahoraelpueblo.bo


El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que se declararon culpables cuatro de los procesados en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de lavado de dinero y soborno, en el caso de la adquisición de material antidisturbios que se gestó durante 2019 en Bolivia.

“Los cuatro se han declarado culpables de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía de Florida”, anunció en una conferencia de prensa.

Según Chávez, el procesado Luis Berckman aceptó los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista está entre los tres y diez años.

Asimismo, mencionó que Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los diez años.

“Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años”, agregó.

Además, detalló que Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para defraudar, cuya pena de reclusión está prevista entre uno y cinco años.

Explicó que las declaratorias se registraron en una audiencia, donde los procesados manifestaron a la juez de la causa que actuaban de manera voluntaria sin que medien vicios de nulidad.

“Hay que aclarar que ellos no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía (de Estados Unidos) para tener algún beneficio, es decir, es un acuerdo llano, es una declaración llana, como ha dicho la juez”, añadió.

En ese sentido, explicó que se espera que el juez del caso fije una audiencia entre octubre y mediados de noviembre de este año para que califique la sentencia que se impondrá a cada uno los procesados.

Dijo que, en el caso del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, continúa sin cambios el señalamiento de audiencia para el 8 de octubre, con el fin de analizar su situación jurídica.

“Veremos qué es lo que ocurre, veremos si en la audiencia sí se verifica. Va a ser virtual y nuestros abogados van a tener una participación permanente, coordinando con la Fiscalía de Estado”, sostuvo.

El Procurador General del Estado manifestó que el desarrollo del proceso en Estados Unidos no dejó posibilidad de que el caso se entienda como persecución política, puesto que es la justicia la que actúa y lo hace en cualquier latitud bajo el principio de universalidad.



El Ministro de Economía considera que se está “mediatizando de forma inadecuada” el proyecto de ley que genera rechazo en varios sectores.


El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este miércoles que los legisladores de la oposición infunden miedo en la población sobre el proyecto de ley de ganancias ilícitas con base a “mentiras y sofismas”.  

“En plan de mentiras, de sofismas y de interpretaciones antojadizas del proyecto de ley están infundiendo este miedo”, dijo Montenegro en una entrevista con RTP.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, y lo remitió al Senado.

Comunidad Ciudadana (CC) planteó que, antes de que sea tratado en el Senado, el proyecto de ley vaya al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectivo control, porque considera que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos.

En pasados días, el propio líder de CC, Carlos Mesa, señaló que ese proyecto de ley “vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales” e incluso indicó que “es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”.

En Creemos también rechazan la iniciativa. Según el senador Henry Montero, quien tenga una actividad informal tendrá que demostrar documentalmente cómo creció su patrimonio y, para ello, la UIF tiene toda la potestad de investigar sin requerimiento fiscal y esta situación preocupa porque el 80% de la población boliviana mantiene una actividad económica informal.

Entretanto, varios sectores, como los gremiales o la prensa, ya mostraron también su preocupación de manera pública y algunos de ellos hasta advirtieron con asumir medidas de presión.

Sin embargo, Montenegro insistió que esta propuesta de ley no va a afectar a gremiales ni a periodistas u otros sectores como se está advirtiendo de manera constante porque lo que se pretende es simplemente “compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está disperso en varias leyes”.

“De hecho, los bancos, las entidades financieras, que son los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, ya lo vienen haciendo hace muchos años atrás; jamás un oficial de crédito del banco dice ‘dónde están tus facturas’, no, se ve el movimiento económico natural, que van anotando los comerciantes, los gremiales, los transportistas, y en función a eso se les va otorgando los créditos”, agregó.   

De la misma manera, según la autoridad gubernamental, si se produce una investigación, “va a ir por la Unidad de Investigaciones Financieras y de la UIF siempre irá por la Fiscalía y (luego) a un juez”. “En ningún caso la UIF va a determinar: usted es el culpable”, enfatizó.

Por lo tanto, de acuerdo al ministro, se está “mediatizando de forma inadecuada” el cuestionado proyecto de ley. “La oposición, vamos a decir los senadores y diputados de CC y de Creemos están induciendo a falsas interpretaciones de lo que es la ley, además las leyes bien hechas no se interpretan”, puntualizó.



La Ley 2450 fue aprobada en 2003, pero solo hasta ayer fue reglamentada a través del decreto emitido por el Gobierno. Las y los niñeros también son incluidos.


Después de 18 años, las personas que dedican su tiempo y servicios en los hogares de las familias bolivianas pueden, finalmente, acceder a un seguro de salud.

Esto es posible luego de que el presidente del Estado, Luis Arce, promulgara ayer el Decreto Supremo 4589, mediante el que ha instruido que los empleadores tramiten, en un plazo de cinco días a partir de la promulgación, la inclusión de las y los trabajadores de casa en la Caja Nacional de Salud (CNS).

El decreto tuvo como finalidad reglamentar y “desempolvar” la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar 2450, que fue aprobada el 9 de abril de 2003 durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Así las cosas, quienes podrán ser asegurados en la Caja por prestar sus servicios en el hogar son las personas que se dedican a la limpieza, el área de cocina, lavandería, el cuidado de adultos mayores, y el de los menores de edad, es decir, las y los niñeros.

El artículo 1 de la norma también aclara que se encuentran exceptuados los trabajadores que se desenvuelvan en comercios (tiendas, por ejemplo) o locales de servicio, independientemente de que estos espacios estén dentro de un domicilio.

El artículo 3 de la Ley 2450 señala, además, que “los contratos realizados sin horario o de manera discontinua serán considerados como trabajos eventuales”. Ello significa que los asalariados que no cumplan horarios fijos no podrán acogerse.

SIETE DERECHOS

Con la posibilidad de que los trabajadores del hogar accedan a un seguro social en la CNS, el sector completa siete derechos. Estos son: pago de salarios, indemnización por años de servicios, desahucio en caso de despido sin justificación, goce de aguinaldo, vacaciones, sindicalización y la afiliación a la Caja.

Del mismo modo que ocurre en el resto de los empleos, los trabajadores del hogar deben superar un período de prueba equivalente a 90 días. Luego de este tiempo, deberán ser contratados y contarán con todos sus derechos.

La secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (Fenatrahob), Leida Alonso, manifestó que se trata de una conquista inédita. "Este es un logro histórico para nosotras. En plena pandemia no pudimos ser atendidas".

EMBATES

El sector fue uno de los más perjudicados durante la pandemia, especialmente, al comienzo de la crisis sanitaria, cuando la seguidilla de confinamientos golpeó la economía. 

En mayo pasado, la dirigente comentaba, según Página Siete, que la situación precaria era preocupante. “Morimos sin contar con una jubilación. Las autoridades deben aprobar el seguro de salud. Solo así se podrá garantizar el ejercicio de nuestros derechos laborales”.

Los empleadores que cuenten con asalariados del hogar que perciban un sueldo mayor o igual al salario mínimo nacional  tienen cinco días para tramitar su seguro en la Caja. Esto, en caso de que hayan superado los tres meses de prueba.

Fuente: Opinión


Según las proyecciones del Gobierno, el 20% de buses del servicio público será eléctrico hasta el 2025. Esa es la aspiración, con la finalidad de reducir la contaminación ambiental y sonora. Así lo informó ayer el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, citado por ABI.

"Tenemos la meta de remplazar hasta un 20%, al 2025, todo el parque de transporte público, ¿qué quiere decir esto? Estamos hablando de los minibuses, de los buses e incluso de los buses que hacen el transporte interdepartamental", sostuvo.

De ahí que el Gobierno contemple la instalación de electrolineras, que son “puntos de carga eléctrica donde los vehículos podrán alimentarse de energía”. La iniciativa se llevará a cabo, primero, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Luego se extenderá a los otros seis departamentos.

"En el país, hasta diciembre, tendremos 11 centrales de carga instaladas por parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), pues es un mandato del Decreto Supremo 4539", recordó el Viceministro.

En Bolivia circulan motorizados que funcionan con electricidad. Hay motos, bicicletas, autos y scooters.



Remarcó que es una lástima que pese a la lucha por la igualdad, hay personas que "no entienden". Señaló que esa batalla de años, protagonizada por los pueblos indígenas, no se borrará por "una paradita de gallo viejo", en alusión a Luis Fernando Camacho.


«La wiphala se respeta», exclamó este domingo el presidente Luis Arce en el encuentro con los Ponchos Rojos y alcaldes de la provincia Omasuyos. Señaló que ese emblema nacional representa la historia de la lucha de los pueblos indígenas originarios, la cual no se borrará por el capricho de un grupo de personas.

«La wiphala se respeta, hermanos, porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas originarios de nuestro país y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas», afirmó durante su discurso en el estadio del municipio de Achacachi, en el departamento de La Paz.

El Jefe del Estado dijo que se ve con preocupación el regreso de algunos sectores racistas que nunca entendieron que Bolivia está compuesta por nueve departamentos con sus propias culturas e historia.

Remarcó que es una lástima que pese a tantos años de lucha por la igualdad y el respeto entre todos, hay personas que «no entienden». Señaló que esa batalla de años, protagonizada por los pueblos indígenas, no se borrará por «una paradita de gallo viejo».

Esas palabras fueron vertidas en clara alusión al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su actitud durante los actos protocolares por la efeméride departamental. Esa jornada, sus seguidores también protagonizaron un acto de agravio a la wiphala, al bajarla abruptamente del mástil en el que fue izada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca.

«Esto no puede volver a repetirse hacia adelante. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora que existió en la colonia, que existió en el pasado, y eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, donde queremos paz y tranquilidad», acotó.

Por su parte, el ejecutivo de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos, Rudy Condori, indicó que no permitirán que «logias» que no representan a Santa Cruz ultrajen un símbolo patrio contemplado en la Constitución Política del Estado.

Informó se trabajó un voto resolutivo que pronuncia el rechazo al agravio perpetrado contra un emblema nacional. «Expresamos, rechazamos y condenamos el ultraje delincuencial, agresión, violencia y racismo a nuestro símbolo patrio que es la wiphala y que es el código de identidad de los pueblos y naciones indígena originarias», dijo, dando lectura al documento.




El ministro de Justicia Iván Lima informó este domingo que tiene lista la querella penal contra el Gobernador Luis Fernando Camacho por haber impedido al presidente en ejercicio David Choquehuanca hacer uso de la palabra, durante los actos protocolares del 24 de septiembre en medio de amagos de enfrentamiento a raíz del ultraje a la wiphala.

“Tengo la querella lista pero la decisión es del vicepresidente y él vicepresidente me ha pedido reflexionarlo para poder activar la acción penal”, declaró al canal estatal, a tiempo de invocar el tipo penal descrito en el artículo 161 del Código Penal, referido al delito de “impedir o estorbar el ejercicio de funciones” a un servidor público, cuya sanción es la reclusión de un mes a un año.

Lima precisó que se trata de delitos personalísimos, así como la decisión de activar la denuncia. Dijo que Choquehuanca quería dar un mensaje al pueblo cruceño para decirles cómo vamos a trabajar, “ha ido a plantear democracia y muchas cosas importantes para Santa Cruz”, pero el Gobernador decidió cerrar el acto después de hacerle escuchar un discurso violento, de odio, intolerancia, racismo y discriminación, afectando la dignidad y la investidura del presidente.   

“Yo he hablado con el vicepresidente y él está reflexionando. Él es un hombre de concertación, de paz y de un discurso diferente. Creo que este es uno de los discursos que son personalísimos en los cuales él va a tomar una determinación”, manifestó.

Explicó como ministro de Justicia tiene la obligación de mostrar al segundo mandatario los elementos legales y la identificación de dos personas que se encargaron de retirar el símbolo patrio del mástil con intención que quemarla por parte de algunos exacerbados y devolver en otros.

Sostuvo que el ultraje a la wiphala y algunas agresiones son insoslayables y debe encontrarse la responsabilidad de los autores materiales, eventuales e inmediatos de todo lo ocurrido, aunque admitió que tampoco es un delito que amerita detención preventiva, pero “no puede quedar en la impunidad”, advirtió.

Explicó que el comunicado de la Unión Juvenil Cruceñista del día sábado 25 de septiembre, en sentido que con “mucho cuidado y respeto” han devuelto la bandera, es un reconocimiento que hubo algo irregular y lo propio las palabras del Gobernador en la Expocruz que “muestran que han bajado el tono”.

“Entendemos que han reflexionado, ha quedado claro que no es una actitud de toda Santa Cruz, el pueblo cruceño tiene entre sus frases más lindas, ‘es ley del cruceño la hospitalidad’ pero lo que ha ocurrido no es un acto hospitalario, es un acto de agresión y no refleja el sentir del pueblo cruceño”, manifestó.



El Ministerio de Salud y Deportes informó este lunes que Bolivia registró, en la semana epidemiológica 38, una reducción de casos del 11% en relación a la semana epidemiológica 37, con lo que se consolida la décima quinta semana de desescalada de casos de COVID-19. Además, destacó que el nivel de letalidad redujo de 3,8% a 3,7%.

“Esta semana se reportó una disminución del 11%, vale decir que es la quinceava semana consecutiva de desescalada. Después de haber mantenido la letalidad del 3,8% a nivel general desde el inicio de la pandemia hasta la fecha hoy, queremos anunciar que hemos logrado disminuir a 3,7%”, dijo el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza en conferencia de prensa.

Los datos corresponden a la semana epidemiológica 38 que incluye los días del 19 al 25 de septiembre del año en curso.

Se registraron 498.790 casos. 18.698 decesos, 456.913 recuperados y 23.179 casos activos.   

“Para esta semana, hemos logrado reducir del 3,8% al 3,7%. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a la mayor cantidad de casos confirmados y menor cantidad de fallecidos, hemos logrado mantener esta tasa de letalidad, esto demuestra un mejor manejo de la pandemia y una mejor respuesta ante pacientes graves y críticos gracias a un tratamiento adecuado”, sostuvo.

En el caso del comportamiento de la pandemia por departamentos, se registró   casos de reducción en Beni (-56%), Pando (-20%), La Paz (- 23%), Tarija (-19%), Potosí (-55%) y Oruro (-55%).

Los departamentos que presentaron más casos con COVID-19 son Santa Cruz (+2%), Chuquisaca (+21) % y Cochabamba (+13%).

La autoridad gubernamental aseveró que si bien existe desescalada de casos, la población no debe dejar de aplicar las medidas de bioseguridad y acudir a los puntos de vacunación masiva y gratuita.  


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