Por: Ariel Molina

Hoy el presidente del Estado puso en marcha el Tren Metropolitano en el departamento de Cochabamba.  Este regalo pensado para solucionar los problemas de transporte masivo conecta el valle alto con el valle bajo, pero lamentablemente la negativa del alcalde cochabambino de permitir la construcción de la línea amarilla que uniría la ruta del tren con la ciudad le ha restado color a la efeméride del grito libertario de 14 de septiembre de 1810.

Y es que Reyes Villa no abandona su visión etnocentrista que relega a la población estante pero distante del centro y norte de la ciudad. Quien ha vivido en esta ciudad conoce esta práctica habitual del burgomaestre, sabe que fue su decisión encauzar las aguas residuales de la ciudad hacia la zona sur, provocando la enorme contaminación en cercanías al aeropuerto. No hay que olvidar su participación en enero negro de 2007. Y recientemente su intención de cerrar el museo de historia natural de esa ciudad para construir una sede empresarial demuestra una indiferencia con el momento histórico que vive nuestro país, fomentando el desarrollo corporativo privado a costa de postergar la integración valluna y la recuperación de la economía.

En febrero del año pasado, el entonces candidato a la alcaldía cochabambina se encontraba en un aparente problema económico. La tragedia fue tal que instó a sus seguidores la apertura de una cuenta de ahorro para sumar el dinero suficiente para pagar una deuda con el Estado. Sí, con el Estado. Esta deuda la generó en su gestión prefectural de 2006 y ascendió a 2,3 millones de bolivianos por irregularidades en la compra de vagonetas no presupuestadas. Se sabe que juntaron el dinero suficiente y su candidatura fue habilitada para las elecciones subnacionales de 2021.

La sorpresa llegó en septiembre de ese mismo año, cuando el hijo del “bombón”, entonces flamante concejal de la agrupación ciudadana de su padre, declaró en un medio escrito que cuando vivía en Estados Unidos lo hacía muy cómodamente. Que sus ingresos de un mes superaban ampliamente a la suma de lo que ganaría siendo concejal durante seis años. No hace falta hacer cálculos para darse cuenta que la deuda con el Estado era ínfima para el poder económico de la familia Reyes Villa. Pero no son los números lo que llaman la atención, sino la forma como manipuló una vez más a su electorado que este 14 de septiembre fue privado una vez más de contar con una obra estrella como un tren moderno que recorra la ciudad, que muy bien podría diversificar el movimiento económico que necesita “cocha”.


 


Autor: Daniel Hinojosa, es economista político.

La economía del departamento de Santa Cruz representa alrededor de un tercio del producto interno bruto (PIB) nacional y está basada en la producción industrial de alimentos y en la agroindustria (que a su vez son un quinto del PIB departamental). Por otro lado, hasta la fecha, dos quintos de las exportaciones departamentales corresponden a derivados de soya en términos monetarios; en términos de volumen (toneladas) se mantiene la magnitud de estos productos que junto al volumen de gas natural suman el ochenta por ciento de las exportaciones departamentales. Este dinamismo económico ha permitido la acumulación de capital, pero no así la constitución del círculo virtuoso. 

La acumulación de capital es la reinversión del excedente económico en bienes productivos y es fomentada por una demanda en expansión (un nivel adecuado de ingreso que permite un incremento en el consumo), lo que representa un incentivo para alcanzar un mayor nivel de producción, demandando más trabajo y por consiguiente expandiendo el nivel de ingreso, empezando un nuevo circulo. El círculo virtuoso de acumulación de capital no solo contempla avances económicos sino también sociopolíticos (reduciendo la desigualdad en todas sus formas y mejorando las condiciones de vida), avances que promueven el inicio de un nuevo circulo aún más grande. Sin embargo, estos avances no se han logrado en Santa Cruz debido a las características de los grupos que ostentan el poder. 

El fundamentalismo y el chauvinismo cruceño se encuentran en esas instituciones (autonombradas) representantes de la sociedad que son protagonistas de incidentes bochornosos, absurdos en discurso y violentos en acción. Por un lado, de manera legítima pero que no es excusa, se tiene a la gobernación cuya gestión no se caracteriza por ser institucional o eficiente (piénsese en la ejecución presupuestaria, la más baja en proyectos de inversión) sino por la vocación bonapartista y caudillista del gobernador.

Por otro lado, de manera ilegítima, el Comité Cívico Pro Santa Cruz (y su brazo armado la Unión Juvenil Cruceñista) sigue la misma línea, pero de forma más radical y violenta, atribuyéndose competencias basadas en tradición e imaginarios colectivos de representatividad y moralidad. 

El discurso cosmopolita que pregona la cruceñidad es contrastado con la actitud conservadora de sectores afines a instituciones que arremeten contra la diversidad cultural e identitaria, teniendo una suerte de xenofobia respecto al interior del país y una xenofilia en relación al exterior. 

Estas cualidades arraigadas más el modelo de desarrollo propuesto por sectores aglutinados alrededor de la CAINCO (sin olvidar que fue parte del peor gobierno de la historia) se podrían considerar como la estructura social de acumulación de capital cruceña.

Sin embargo, a pesar de los avances económicos se observan retrocesos sociopolíticos que no permiten consolidar un círculo virtuoso de acumulación sino uno defectuoso. 

Empero, otra Santa Cruz está despertando. 


La oposición buscará “cualquier excusa para intentar desestabilizar la economía y la democracia”, en su lógica de que es “más fácil destruir que construir”, denunció el presidente Luis Arce al destacar una carta de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) en la que respaldan su gestión y rechazan las protestas alentadas por líderes cruceños.


La oposición política y regional centrada en los círculos de poder de Santa Cruz definió un paro de 48 horas para la próxima semana en contra del aplazamiento del censo hasta 2024, decisión que fue tomada por consensos en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), donde estaban gobernadores y la institucionalidad edil de Bolivia.

“Para la oposición es más fácil destruir que construir, por eso siempre buscará cualquier excusa para intentar desestabilizar la economía y la democracia, pero el pueblo es sabio”, afirmó Arce en un mensaje en su cuenta en Twitter, donde compartió un pronunciamiento de la máxima representación de la minería cooperativizada.

La dirigencia le hizo conocer al presidente, en parte de la misiva, que “repudian el accionar de las logias cruceñas que con la excusa de la postergación del censo e intereses políticos intenta desestabilizar al gobierno nacional llamando a movilizaciones y confrontación entre hermanos bolivianos dañando nuestra economía y el proceso de recuperación económica”.

Impulsados por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el líder cívico Rómulo Calvo, el denominado Comité Interinstitucional por el Censo confirmó el paro del lunes y martes, pese a que el presidente de ese comité, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, pidió suspender la extrema medida para ayudar a los cientos de comerciantes damnificadas por el voraz incendio en el mercado Mutualista.

A pesar de la voluntad de diálogo del gobierno de Arce, los acuerdos con los alcaldes de nueve ciudades capitales más El Alto y los rectores de las universidades públicas, además de la confirmación de un proceso de socialización del censo para el 15 de agosto en Santa Cruz, optaron los líderes cruceños por confirmar el paro. El alcalde Jhonny Fernández se desmarcó de la medida de presión y debilitó la unidad del bloque que alienta la protesta.

Ante este panorama, los cooperativistas reiteraron la “firme posición de defender la democracia y respaldar a nuestro Gobierno Constitucional a la cabeza de nuestro hermano Luis A. Arce Catacora, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y como sector no permitiremos movilizaciones ni mucho menos paralizaremos nuestras actividades productivas”.



La Feria del Libro de La Paz fue inaugurada la noche de este miércoles por el presidente Luis Arce, con los compromisos de incentivar la lectura, principalmente, en lo jóvenes que están “inclinados al celular”, y de llevar la producción literaria nacional a las ferias internacionales. También observó que, pese a la liberación del IVA, el precio de los libros es alto.


Como ya es habitual, el Campo Ferial Chuquiago Marka, en la zona Sur de La Paz, es el escenario de esta exposición literaria que en esta ocasión está dedicada a las mujeres. Arce, junto a ministros de Estado, el alcalde Iván Arias e invitados especiales, dio inicio a la feria y luego hizo un recorrido por diferentes stands.

Citando al famoso Jorge Luis Borges, sostuvo que de los muchos inventos del hombre el “más asombroso es el libro”, porque “es una extensión de la imaginación y la memoria” que trasciende el tiempo y pasa de generaciones enriqueciendo el saber y forjando “nuestra realidad” personal.

Autor de libros y artículos, se decantó por el libro impreso que “supera –afirmó- con creces los actuales medios de comunicación e información que hoy nuestros jóvenes gozan y disfrutan, el internet y las redes sociales que quitan mucho tiempo a muchos jóvenes, que quita mucho diálogo en las familias”.

Diversos autores nacionales e internacionales expondrán en los siguientes 11 días sus obras literarias en diferentes géneros. Muchos de ellos compartirán sus experiencias de forma directa con el público.

En Bolivia los libros están liberados del IVA, como un incentivo para bajar costos y alentar la lectura. Arce recordó este aspecto, que es parte de una política del Estado, pero consideró que “cuando vamos a comprar decimos que sigue alto el precio de los libros, no ha bajado como ha bajado el IVA”.

Como parte de las acciones próximas, el también docente universitario anunció acciones para incentivar al lectura en los jóvenes y llevar a las ferias internacionales la producción nacional.

“Es un compromiso del gobierno nacional de contribuir a que estos autores puedan convertirse en embajadores nuestros con esa gran intelectualidad y capacidad que han demostrado todo este tiempo, coincidimos plenamente en que tenemos una gran producción intelectual”, destacó ante el aplauso de los asistentes al acto de inauguración de la feria internacional.

No dejó pasar la oportunidad para plantear la necesidad afianzar políticas destinadas a fomentar la lectura. “Hay que combatir esa inclinación gradual que tienen muchos jóvenes, muchos niños incluso, en nuestro país, en nuestro medio, a mirar el celular antes que un libro”, sostuvo y encomendó trabajar desde el colegio al ministro de Educación, Édgar Pary.

“Hombre leído vale muchísimo, no por lo que viste o por lo que tiene, sin por lo que tiene en la cabeza”, resumió.

Tras el acto de inauguración hizo un recorrido por diferentes stands de la feria.



El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, está a la espera de una respuesta del Gobierno para definir si este 8 y 9 de agosto habrá paro en esa región del país.


El proceso de socialización del Censo Nacional de Población y Vivienda inicia hoy con los rectores de las universidades públicas del país, en una reunión en la que se tratará su rol de participación en el mismo.

En las ciudades capitales del país, la dinámica iniciará este lunes 8 de agosto y tendrá vigencia hasta el 25 del mes en curso. Oruro es la primera en la lista.

Así lo informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, a tiempo de agregar que su despacho estará a la cabeza del proceso de explicación del avance del proceso censal así como una comisión técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Se hace público este cronograma de visitas que tendrá el INE para poder socializar el tema del Censo de Población y Vivienda con los equipos técnicos de las regiones. Se han enviado las notas a todos los municipios y les comunicamos el rol de visitas”, indicó la autoridad.

Después de Oruro (lunes 8), la reunión técnica continuará el 10 de agosto en Cochabamba, en Tarija el 12 de agosto, luego seguirá en Santa Cruz el 15 de agosto, en El Alto será el 16 de agosto, en La Paz el 17 de agosto, en Cobija el 19 de agosto, en Sucre el 22 de agosto, el 23 de agosto en Potosí y el 25 en Trinidad.

Este jueves, el INE realizará reuniones con las universidades públicas del país para dar a conocer la participación de las casas superiores de estudio en el proceso de empadronamiento.

“Vamos a seguir con este proceso censal, tratando de fortalecerlo a través de espacios de diálogo y de socialización, y cumpliendo los acuerdos a los que ha arribado nuestro presidente”, dijo Cusicanqui.

CAMACHO

Mientras tanto, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho está a la espera de una respuesta del Gobierno para definir si habrá paro cívico en Santa Cruz este 8 y 9 de agosto.

"El paro es una medida de presión necesaria. Las grandes luchas que hemos tenido fueron a través de la presión, así se garantizan los derechos de la gente (...) Si no hubiéramos hecho paros o cabildos, no hubiéramos tenido autonomía, la esencia del cruceño es la lucha", señaló Camacho.

A propósito de la reunión con rectores de universidades públicas, ratificó su respaldo a la máxima autoridad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagram), Vicente Cuéllar, que, según indicó, llevará los pedidos de transparencia para la ejecución del Censo y solicitará que el mismo se realice en un "tiempo oportuno".

Entretanto, el alcalde de La Paz dijo que el 11 de agosto se conformará un Comité Interinstitucional por el censo con los secretarios municipales de planificación de las nueve capitales y de El Alto.

Fuente: Opinión

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados advirtieron que un proceso censal es atribución exclusiva del Gobierno central.


El levantamiento estadístico en Santa Cruz, anunciado por el gobernador Fernando Camacho, fue desestimado por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, pues el Instituto Nacional de Estadística (INE) ya cuenta con esa información.

Cusicanqui señaló que el anuncio hecho por la autoridad departamental cruceña evidencia el nivel de improvisación con que se maneja la Gobernación, al proyectar un proceso estadístico de un momento a otro.

“Esa información que pretende recabar la Gobernación de Santa Cruz ya se la recaba a través del INE porque cada año hace la encuesta de hogares”, señaló la autoridad.

El titular de Planificación precisó que la encuesta de hogares se efectúa en todo el país hace más de 15 años y recaba datos sobre salud y condiciones de las familias en términos económicos. 

El gobernador cruceño anunció la realización de un “levantamiento estadístico” para contar con indicadores sociales, de pobreza, migración y datos actualizados de la población para contrastarlos con el Censo 2024.

Cusicanqui advirtió que este proceso evidencia también el nivel de politización que se da al proceso censal, desde la Gobernación y ciertos círculos de las élites cruceñas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, advirtió que la “encuesta” de Camacho es una prueba de su desesperación por haber fracasado en el intento de generar conflicto.

Mamani aclaró que el gobernador no puede hacer un proceso censal en Santa Cruz, pues estaría transgrediendo la Constitución Política del Estado (CPE), que señala como atribución exclusiva del Gobierno central la realización de procesos censales.

“Siguen politizando el tema del Censo para ocultar la mala gestión del gobernador  Camacho”, concluyó.

El titular del Senado, Andrónico Rodríguez, también se manifestó en este sentido y aclaró que “todos los municipios y departamentos pueden hacer un relevamiento de datos o encuestas, pero el Censo es atribución exclusiva del Gobierno central, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Clemente Ramos, asambleísta departamental de Santa Cruz, cuestionó al gobernador cruceño por lo que considera “un derroche de recursos”, toda vez que organizar y llevar adelante el proceso que Camacho plantea le costará al departamento al menos Bs 4,2 millones, recursos que “podrían ser invertidos en obras”, remarcó.

“Todos los municipios piden obras, tienen necesidades apremiantes y Camacho no tiene la capacidad técnica de ejecutar las obras, pero usa la Gobernación para proyectarse políticamente”, cuestionó. 



El mandatario aseguró que los sectores agrícola y minero necesitan de los aportes de ciencia y tecnología que generan las universidades.


El presidente Luis Arce llamó este lunes a las universidades a aportar con ciencia y tecnología a la industrialización de materias primas y contribuir en la sustitución de importaciones.

“Le queda a la universidad contribuir en el proceso de generación de ciencia y tecnología para la industrialización por sustitución de importaciones. Es un reto que todo el sistema universitario debe tenerlo para sí”, señaló el mandatario en un acto por los 37 años de la Universidad Nacional Siglo XX, en el municipio de Llallagua, en el departamento de Potosí.

También aseguró que uno de los sectores que más requiere ese aporte son los productores agrícolas y los mineros, que “pueden optimizar su producción” con el aporte del conocimiento de los nuevos profesionales.

“Ustedes generan la ciencia y tecnología y el Gobierno pondrá los recursos para que ustedes generen ese aporte. Cuando pensamos con nuestra propia cabeza, nos va mejor a los bolivianos”, agregó Arce.

El mandatario expresó su “plena confianza en docentes realmente comprometidos” con la formación de los nuevos profesionales y destacó que “hay docentes que enseñan ciencia desde sus propias investigaciones.

Anunció, además, 200 becas para la formación especializada de nuevos profesionales. “Bolivia va a estar en esos niveles que siempre hemos querido estar. Queremos que nuestras universidades generen ciencia aplicada a la producción”, insistió.

Asimismo, destacó que los estudiantes universitarios participen en la realización de la cartografía para el Censo de Población y Vivienda, que fue postergado hasta 2024 mediante el Decreto Supremo 4760, con base en la propuesta del Consejo Nacional de Autonomías el pasado 12 de julio.



Ante la magnitud de los daños dejados por el incendio en el mercado Mutualista, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, informó que buscará una reunión con los miembros del Comité Interinstitucional para analizar la posibilidad de suspender el paro del 8 y 9 de agosto.


“Voy a solicitar una reunión de emergencia del Comité Institucional, porque, obviamente, lo que ha pasado en uno de los mercados es doloroso, por ahí nosotros, en este momento, no podemos hablar de paro cuando hay gente que se ha quedado sin un peso y sin tener con qué alimentarse al haber perdido todas sus pertenencias, entonces, nosotros tenemos que mostrar el grado de sensibilidad que tenemos”, sostuvo el rector.

El anuncio ocurre pocas horas después que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, fuera expulsado con improperios de vecinos y comerciantes durante la visita de la autoridad al siniestro del Mercado Mutualista.

Camacho llegó al lugar del siniestro sin ningún tipo de ayuda para los damnificados, pero fue obligado a retirarse con empujones e insultos por quienes lo perdieron todo en el incendio.

Al gobernador y su comitiva les lanzaron basura durante su evacuación. Durante el incómodo momento miembros de su seguridad se enfrascaron a golpes con vecinos y vendedores que le recordaron el golpe de 2019 y el paro cívico del 25 de julio que no les permitió desarrollar sus actividades económicas con normalidad.

Cuéllar es parte del Comité Interinstitucional que el pasado sábado, junto a Camacho y el cívico Rómulo Calvo, definieron ir a un paro de 48 horas el 8 y 9 de agosto si el Gobierno no anulaba el decreto 4760 que reprogramó el censo hasta el 2024, norma que materializó la decisión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

“Son medidas de presión que nosotros adoptamos (paro), pero si nos ponemos de acuerdo antes de esa fecha, seguramente, no va a haber necesidad de ese paro, tenemos que ser solidarios y creo que hay que analizar fríamente que la decisión que hemos tomado se pueda posponer”, insistió Cuéllar en Bolivia Tv.

Un voraz incendio consumió decenas de puestos de venta en el mercado Mutualista de la ciudad de Santa Cruz, dejando a igual número de comerciantes sin su fuente de ingreso. No hay una cifra oficial del daño económico, pero los afectados hablan de cuantiosas pérdidas en general.

Ante la magnitud del desastre, el presidente Luis Arce expresó su solidaridad con los afectados y anunció ayuda.

“Nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos comerciantes afectados por el incendio en el Mercado Mutualista de Santa Cruz.¡No están solos!, coordinaremos acciones en su beneficio. Conocemos el esfuerzo con el que trabajan todos los días para llevar el sustento a sus hogares”, afirmó en un post en su cuenta en Twitter.

Mientras que el comandante de la Policía, Orlando Ponce, anticipó este lunes que la institución hará respetar el derecho de los ciudadanos, que no acaten el paro cruceño, a circular y trabajar.

“La Policía simplemente va a hacer cumplir su rol constitucional, existe gente que quiere trabajar, que quiere desarrollar sus actividades de manera normal y nosotros estamos en la obligación de garantizar eso. La medida que asumimos es la de siempre el cumplimiento de la Constitución y el derecho de las personas a la libre circulación”, afirmó Ponce.

Es la segunda medida de presión convocada por los líderes cruceños, que ya cumplir un paro similar el lunes 25 con relativa aceptación, como no había ocurrido en el pasado. De la reunión del sábado de los líderes cruceños no participó el alcalde Jhonny Fernández, quien rechazó los paros por los perjuicios para la población, en un quiebre de la unidad de ese sector.



La decisión asumida por la dirigencia cruceña de llevar adelante un paro de 48 horas es optar por el camino de la “confrontación” y dejar de lado el “diálogo y la despolitización del censo”, como planteó el Gobierno resultado de la hoja de ruta trazada con los actores inmersos en esta temática, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.


En el tema del censo hay dos caminos: “Una es esta, la del diálogo y despolitización del censo, tomando en cuenta que tenemos el acompañamiento de cinco organismos internacionales; la otra, es la confrontación, la que estamos viendo que trata de parar un departamento” con una pérdida económica de $us 32 millones por día de paro, sostuvo.

El denominado Comité Interinstitucional cruceño ratificó este lunes el paro del lunes y martes exigiendo la anulación del decreto 4760 de ampliación del censo, pese a que su presidente, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, pedía la suspensión de la medida como “una muestra de solidaridad” con los damnificados del incendio de magnitud en el mercado Mutualista.

El decreto 4760 es resultado de la decisión tomada en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), donde estuvieron ocho de nuevo gobernadores, excepto el cruceño Luis Fernando Camacho, y la institucionalidad edil. Luego el presidente Luis Arce convocó y presidió reuniones con rectores de universidades públicas y alcaldes de ciudades capitales y El Alto, donde se acordó un manejo técnico y no político de este proceso censal.

La Comisión Internacional de Alto Nive, integrada por Celade -Cepal (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), BM (Banco Mundial) y Fonplata-Banco de Desarrollo, destacó el diferimiento censal.

“En el marco de los compromisos, acuerdos y consensos, por ejemplo, tenemos ya ésta reunión con las universidades (jueves) en dos puntos vistos en la reunión (del viernes 22 de julio): Participación en la actualización cartográfica y el levantamiento de la encuesta en el censo. Hay que trabajar y no solo manejarlo de forma política”, insistió en alusión a las acciones tomadas por líderes cruceños como Camacho y el cívico Rómulo Calvo.

En esta semana, como se acordó el 27 de julio con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hará conocer el cronograma de una socialización técnica, del proceso aplazado hasta 2024, en los nueve departamentos. “Debe desarrollarse de manera técnica y no política, hay que despolitizar el censo”, aseguró.

De confirmarse la protesta de 48 horas, será la segunda protesta tras el paro del 25 que tuvo relativa convocatoria. El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se desmarcó de la protesta, en un hecho que quebró la unidad de los grupos de poder cruceños.

Alcón reiteró que la administración de Arce mantiene la predisposición de dialogar, pero sin presiones.

“Bolivia quiere seguir trabajando, hoy más que nunca Bolivia está demostrando que necesitamos seguir avanzado en la reconstrucción económica y productiva. Tenemos buenos indicadores y a la familia boliviana le interesa eso y estamos en esa línea desde el Gobierno”, destacó.



Los comerciantes del centro de abasto lo abuchearon e insultaron, incluso le arrojaron basura. No le quedó más que huir del lugar.


El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, experimentó ayer el rechazo de la población de la capital cruceña, cuando comerciantes del mercado Mutualista, que ardió desde el domingo, lo echaron del lugar donde se presentó con las manos vacías para una inspección.

Los vendedores desesperados debido a la pérdida de sus mercancías recibieron a la autoridad con silbidos e insultos, incluso le arrojaron basura. Finalmente a gritos le dijeron que se retire del lugar.

El domingo, aproximadamente a las 23.00, comenzó un incendio en ese mercado que se extendió por más de seis horas. El fuego dejó en cenizas los puestos de venta.

El Gobernador, quien fue rechazado por la población, tuvo que salir escapando y escoltado por funcionarios de su despacho.

A esa situación se sumó la denuncia de los asambleístas departamentales Raquel Valencia y Clemente Ramos, quienes aseguraron que en 2021 se aprobó el presupuesto para la compra de un nuevo carro bombero y dos vehículos blindados para el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana. Consideraron que de haberse hecho la adquisición, el primer vehículo hubiera sido de gran ayuda para sofocar el incendio.

“Es tan incapaz que no ha podido hacer una compra cuando ya tiene hasta el presupuesto aprobado. Ayer llegó con las manos vacías al mercado Mutualista, lo que muestra lo irresponsable que es como autoridad”, declaró Ramos.

En conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dio a conocer que la Ley del Sistema Nacional de Ciudadanía para Una Vida Segura estipula que la Gobernación debe invertir recursos económicos para equipar y hacer el mantenimiento de la Unidad de Bomberos y que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) deben utilizarse para ese cometido.

Como lo mostró este incidente, la popularidad de Camacho está “por los suelos” debido a la pésima administración de la Gobernación que ha hecho hasta ahora, afirmó Ramos.

Hace poco se reveló que Camacho solo llegó al 9% de ejecución presupuestaria y que no tiene planificado ningún proyecto estructural a corto plazo.

El analista político Hugo Siles interpreta que la posición intransigente del Gobernador respecto a la reprogramación del Censo de Población y Vivienda —problemática sobre la cual se está gestando una polémica nacional, ya que Camacho y el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra han convocado a un paro de 48 horas, para el lunes y martes próximos— no es más que una cortina de humo para tapar su mala gestión pública.

“La violencia y la confrontación son la única herramienta que tiene para tratar de mejorar su imagen”, detalló.



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