La audiencia está fijada para las 14.30, hora de Washington, 15.30 en Bolivia, y tendrá duración de una hora. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la Fundación de los Derechos Humanos, que solicitaron la audiencia, expondrán su denuncia contra la repostulación en 15 minutos.
El canciller del Estado, Diego Pary; el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; y el procurador del Estado, Pablo Menacho, serán los responsables de defender la repostulación presidencial en la audiencia que convocó para este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de dos fundaciones que el Gobierno ha vinculado con partidos de la "derecha".
“Como Estado tendremos el tiempo necesario para poder responder”, señaló Pary en una contacto con la radioemisora estatal Patria Nueva desde Washington DC, sede del organismo internacional.
La audiencia forma parte del 170 Período Ordinario de Sesiones y en ella se abordará la sentencia No 84/17 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que validó una nueva candidatura de Evo Morales y Álvaro García.
El 21 de febrero de 2016 se rechazó en un referéndum la repostulación con el 51,3% de los votos. Un año y medio después, el TCP, en noviembre de 2017, aprobó la repostulación mediante un fallo que desató movilizaciones a favor y en contra.
La audiencia está fijada para las 14.30, hora de Washington, 15.30 en Bolivia, y tendrá duración de una hora. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la Fundación de los Derechos Humanos, que solicitaron la audiencia, expondrán su queja en 15 minutos.
Luego, será el turno de las autoridades del Estado boliviano para “facilitar toda la información que sea necesaria, con absoluta transparencia y con la seguridad de que nuestros argumentos son constitucionales y están regidos en el derechos internacionales”, destacó Pary.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
El fallo del TCP se apoya, precisamente, en un articulado de la Convención o Pacto de san José de Costa Rica que emergió del organismo y que garantiza, entre otros, el derecho a elegir y ser elegido.
En octubre de 2017, una comisión de legisladores opositores llegó hasta Washington, sede de la CIDH, para presentar una denuncia contra el Gobierno de Bolivia por este tema.
Pary recalcó que la comparecencia de este miércoles “no va a tener conclusiones, no va a tener ninguna recomendación para el Estado, es una audiencia en la cuál solo vamos a informar ambas partes”.
“Cuando hay una vulneración real de los derechos humanos de las personas es cuando recién actúan, en este caso no existe de ninguna manera una situación de esa naturaleza en Bolivia, no existe un tema que esté pendiente de discusión, por tanto no tiene ninguna vigencia y no tiene ningún valor el trabajo que está intentando hacer la oposición boliviana engañando al pueblo boliviano”, insistió.
También minimizó la visita del senador Óscar Ortiz, ahora candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, y del jurista Luis Vásquez a la sede el organismo entre el lunes y este martes con el fin de pedir el apresuramiento del caso y denunciar supuesta vulneraciones de la ley.
Para Pary, ese tipo de acciones tienen el objetivo de “presionar” a los comisionados del organismo y acusó a sectores de la “derecha” boliviana, es decir opositores a Morales, de “intentar generar algún mecanismo de conflictividad o escándalo”.
“La decisión del TCP es un tema definitivo, no está en discusión” debido a que ese tipo de mecanismos internacionales son solo “subsidiarios a las cortes nacionales”, motivo por el cual no tienen la potestad de modificar el fallo del TCP, sostuvo.
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