El alcalde suspendido de Cochabamba José María Leyes entregó, el año pasado, al Comando Departamental de la Policía una vagoneta, dos camionetas y 20 motocicletas que fueron adquiridas con presuntas irregularidades, porque una de las tres empresas invitadas para estos contratos no cumplió con las especificaciones técnicas detalladas en la propuesta.
La empresa encargada de entregar las motocicletas (N. S. Ltda.) “no presentó un listado de precios de los repuestos, no garantizó el suministro de repuestos, tampoco (en ese entonces) contaba con oficinas o sucursales de venta de repuestos en el municipio de Cochabamba, como indica el punto 22 y 23 de la Propuesta Técnica presentada por la empresa”, indica el informe elaborado por la Contraloría General del Estado.
La compra de estas 20 motocicletas, como también de los otros tres vehículos, fue mediante invitación directa realizada por la entonces directora de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, quien posteriormente fue suspendida 23 días sin goce de haberes por evidenciarse responsabilidad administrativa en su contra.
La inversión del municipio para comprar las 20 motocicletas fue de 980 mil bolivianos (49 mil por unidad).
El informe de la Contraloría también establece que la empresa N. S. Ltda. recibió la invitación el 6 de julio de 2016 y presentó su propuesta el 8, seis y cuatro días, respectivamente, antes del inicio del proceso de la contratación directa.
El documento también devela que las motocicletas fueron entregadas por N. S. Ltda. tres días antes de haber recibido la Orden de Compra Nº 1382, emitida por el entonces responsable del Proceso de Contratación (RPC), Diego Moreno, designado mediante Decreto Ejecutivo 25/2016, y actualmente prófugo por el caso Mochilas II.
Propuesta anticipada
Según el documento presentado por la Contraloría General del Estado, las tres empresas que fueron invitadas por la directora de Seguridad Ciudadana, C Ltda., TMSA, y N. S. Ltda, presentaron sus propuesta el 8 de julio de 2016 a las 9:30, 10:15 y 10:30, respectivamente, cuatro días antes del proceso de contratación directa (12 de julio).
Por esta situación, la Contraloría General del Estado detectó incoherencias cronológicas en los documentos y los procesos de contratación, por lo que recomendó a Leyes iniciar procesos administrativos en contra de los funcionarios que incumplieron sus deberes.
4 FUNCIONARIOS FUERON PROCESADOS
Cuatro funcionarios fueron procesados por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones en la compra de vehículos para la Policía, de los cuales tres fueron suspendidos sin goce de haberes.
Según el documento, Diego Moreno, exsecretario Administrativo Financiero; Velka Krellac, exdirectora de Seguridad Ciudadana; Miguel Ángel Guzmán, exjefe de Fortalecimiento y Gestión Ciudadana, y Bunnet López, auxiliar 6 de Seguridad Ciudadana, tuvieron responsabilidad administrativa en este caso.
Sólo fueron sancionados Krellac, Guzmán y López con 23, 20 y 20 días de suspensión, respectivamente, sin goce de haberes, no así Moreno, quien ahora está prófugo.
Publicar un comentario
Agregue aquí su comentario...