No será la dirección de Régimen Penitenciario, serán informes de Inteligencia de la Policía y el director del penal de Chonchocoro, quienes definirán si el gobernador, Luis Fernando Camacho, es trasladado a Santa Cruz para su audiencia del caso 'decretazo'.
“Esto va a estar en función a los distintos informes de Inteligencia, tanto del Comando General como del Comando Departamental de Santa Cruz para que puedan ser evaluados. Nuevamente repito, quien tiene la responsabilidad sobre el traslado, las garantías, la seguridad y la integridad del privado de libertad recae en el director del recinto penitenciario de Chonchocoro”, dijo el ministro de Gobierno, Roberto Ríos sobre este caso.
Camacho es procesado por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber firmado el decreto departamental 373 en 2022, mediante el cual delegó temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro y no en el vicegobernador Mario Aguilera, tal como manda la normativa autonómica.
El abogado del gobernador, Martín Camacho, había manifestado que era indefectible el traslado de la autoridad, pues era una orden del Tribunal Constitucional y no cabía excusa que valiera; sin embargo, el ministro de Gobierno dijo que el fallo fue interpretado a su modo por la defensa de Camacho.
“El juez ha dispuesto conceder en parte la tutela, ordenando que el director de Régimen Penitenciario prevea todos los actos administrativos para el traslado de Luis Fernando Camacho y en caso de impedimento, deberá ser comunicado a la autoridad jurisdiccional, no existe responsabilidad de los accionados”, leyó Ríos a los periodistas.
Explicó que al dejar en manos del director del penal de Chonchocoro, este debe hacer su solicitud ante las autoridades superiores de todo lo que necesite para el traslado; pero también, dijo Ríos, debe solicitar los informes de Inteligencia para saber si existe riesgo en esa tarea y se cuide la seguridad del ‘privado de libertad’.
De ese modo, el traslado ingresó en una tarea burocrática que no se sabe cuándo concluirá porque no existen plazos para la respuesta de las solicitudes que realice el director del penal de Chonchocoro.