Felipe Froilán Molina, alias ‘El Killer’, sentenciado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue beneficiado con detención domiciliaria por el juez 4° de Ejecución Penal, Abraham Aguirre, denunció la familia del líder socialista.
Mediante un comunicado, la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz hizo conocer que “Felipe Froilán Molina, luego de un largo proceso judicial fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, fue beneficiado con detención domiciliaria por un año en fecha 20 de febrero de 2020 por el juez 4°de Ejecución Penal, Abraham Aguirre (según certificado de permanencia y conducta N° 0083/2020 de la penitenciaría de Chonchocoro)”.
Esta determinación judicial es calificada como “inadmisible” por los familiares del líder socialista, que fue asesinado en el golpe de Estado de 1980.
A pesar de que la sentencia se emitió en 2010 y la orden de captura en 2013, recién fue detenido en 2016, pese a que cada mes acudía a las oficinas del Banco Unión a cobrar su renta de las Fuerzas Armadas, detalló el comunicado de los familiares del también parlamentario que inició un juicio de responsabilidades al exdictador Hugo Banzer Suárez.
Froilán Molina, apodado como ‘El Killer’, es un reconocido paramilitar vinculado con la dictadura militar de Hugo Banzer y Luis García Meza, participó en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) en julio de 1980, suceso que acabó con la vida del líder del Partido Socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, por lo que fue sentenciado por asesinato a 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Molina se benefició con la detención domiciliaria en febrero de 2020, durante el régimen de facto de Jeanine Añez y continuó en libertad a pesar de que el beneficio otorgado era solamente por un año y debería ser restituido al penal de Chonchocoro en febrero de 2021.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que se verificará la denuncia de los familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz de si ‘El Killer’ fue beneficiado por la justicia otorgándole libertad domiciliaria.
“Uno de estos hechos tan lamentables básicamente es la liberación de este sujeto denominado como ‘El Killer’, que habría sido puesto en libertad básicamente con algunas argucias o chicanerías jurídicas. Se están tomando los recaudos necesarios para proceder conforme a norma, si esta persona ha sido beneficiada de manera irregular por la justicia tendrá que volver a la cárcel”, aseveró el Ministro de Gobierno.
De forma separada, el abogado de la familia del dictador Luis García Meza anticipó que presentará una denuncia contra el juez Abraham Aguirre por haber liberado a Froilán Molina, a pesar de que su sentencia no permite que reciba ningún tipo de beneficio establecido en las normas del régimen penitenciario.
“Froilán ‘El Killer’ Molina fue quien disparó la ráfaga de tiros al cuerpo y a la humanidad de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ha sido sentenciado por el delito de asesinato, 30 años sin derecho a indulto. Él no tenía ningún derecho a obtener algún beneficio carcelario”, aseveró el jurista en entrevista con Bolivia TV.
FISCALÍA SERÁ RIGUROSA CON CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró que el Ministerio Público hará un control riguroso y minucioso sobre el cumplimiento de las condenas de los privados de libertad en todo el territorio nacional.
El control será posible gracias a un convenio entre la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.
“A través de este convenio interinstitucional que se firma, la Fiscalía podrá acceder en tiempo real a la información que brindará la Dirección General de Régimen Penitenciario, para que de esta manera el Ministerio de Público pueda hacer un seguimiento minucioso y riguroso sobre el cumplimiento eficaz de las condenas de cada una de las personas que han sido sentenciadas”, indicó Lanchipa.
Explicó que se establecerán las bases formales de coordinación y cooperación, como el desarrollo de actividades conjuntas y concretadas, además del intercambio de información sobre la situación de sentenciados y privados de libertad a través de la interoperabilidad de sistemas entre el Ministerio Público y el Régimen Penitenciario.
Detalló que no se tenía conocimiento de lo que sucede después de la ejecución de penas; sin embargo, con este convenio se tendrá información en tiempo real sobre la duración de las condenas de los privados de libertad.
“A partir de este convenio, la Fiscalía podrá acceder a la información en tiempo real de las personas privadas de libertad en cuanto al tiempo de la duración de su condena, el traslado de recinto penitenciario que pueda disponerse de algunos casos y del cumplimiento eficaz de la condena y que no suceda con lo acontecido con los jueces de ejecución penal”, explicó.
Juez Ayaviri pidió $us 70 mil para liberar a García Meza
El abogado de la familia del exdictador Luis García Meza, Frank Campero, reveló que el juez 3° de Ejecución Penal, José Ayaviri, pidió 70 mil dólares para liberar al exmilitar que estaba sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el golpe de Estado de 1980.
“Nosotros pedimos la libertad del general García Meza, él habiendo cumplido 20 años y un día nos pidió 70 mil dólares, nosotros denunciamos a la Fiscalía y la Fiscalía ha socapado a los jueces de ejecución penal”, afirmó en conferencia de prensa.
No es la primera vez que Campero hace esta denuncia, ya en 2014 hizo una similar, “el doctor Ayaviri (me dijo) nosotros le podemos dar su libertad y no habrá otro juez que le dé la libertad que yo le voy a proporcionar, entonces le dije: ‘Doctor, cuánto usted está pidiendo’, luego me respondió: ‘Yo no te voy a dar montos, el general sabe cuánto cuesta su libertad’”, manifestó en aquel entonces el jurista.
En 2018, nuevamente hizo conocer que el juez Ayaviri lo extorsionó para otorgarle la libertad, a pesar de que habría cumplido con los requisitos para tener un beneficio de detención domiciliaria. “El Dr. José Ayaviri Siles me pidió dinero y favores para que yo pueda salir libre y según él, era el único que me podía dar la libertad”, declaró aquella vez.
García Meza falleció en 2018 en el hospital militar de La Paz, después de cumplir 23 años de su condena judicial.
Juez en La Paz es detenido y aprehenden a otra en Sucre
El juez 4° de Ejecución Penal de La Paz, Abraham Aguirre, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva de seis meses por la presumible comisión del delito de prevaricato, consorcio de jueces y abogados e investigado por la liberación de dos asesinos sentenciados, y recientemente se conoció que también benefició a Felipe Molina, alias ‘El Killer’, sentenciado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El fiscal Gustavo Balderrama hizo conocer la determinación después de que se encontrara que el mencionado juez operaba con las mismas personas y características del exjuez Rafael Alcón, quien también guarda detención preventiva.
Mientras tanto, en la ciudad de Sucre se dio a conocer la aprehensión de la jueza de Ejecución Penal en Chuquisaca Vidalia Morales, por presunto prevaricato, luego de que el Consejo de la Magistratura y una comisión de fiscales realizaran una inspección a este juzgado el pasado lunes, reportó el diario Correo del Sur.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, dio detalles de que en la intervención efectuada a los juzgados de ejecución penal del país se hallaron cuatro casos con irregularidades en la capital del Estado.
La mencionada jueza se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
Ministerio de Gobierno y Fiscalía cruzarán datos
La Dirección de Régimen Penitenciario, a través del Ministerio de Gobierno, firmó un convenio interinstitucional con la Fiscalía General del Estado para cruzar información e identificar la reincidencia en la comisión de delitos y los rasgos de comportamiento de los privados de libertad.
“El presente convenio (…) tiene por objeto establecer las bases formales de coordinación y cooperación que permitan promover el contacto y la cooperación entre las partes, a través del desarrollo de actividades conjuntas y concretadas sobre la base de los principios de compromiso e interés social, igualdad, transparencia, reciprocidad, competencia, responsabilidad y resultados, en la medida que sean compatibles con los objetivos de cada institución”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
El convenio permitirá promover la cooperación recíproca para el intercambio de información, disponer la interoperabilidad entre los sistemas informáticos del Ministerio Público y la Dirección General de Régimen Penitenciario, implementar mecanismos de intercambio de información para acceder a datos generales de las personas privadas de libertad, coordinar el acceso a la información de los centros o recintos penitenciarios, controlar y supervisar la protección de los sistemas informáticos garantizando su correcto acceso, uso y tratamiento de datos de ambas instituciones.
Fuente: ahoraelpueblo.bo
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