El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica a La Razón las expectativas ante la investigación que realizará desde este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en territorio boliviano.
El mexicano Joel Hernández García preside desde marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado y diplomático atendió en exclusiva a La Razón, vía telefónica, para describir las expectativas del organismo hemisférico ante la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a suelo boliviano, que desde este lunes investigará los hechos de violencia y la vulneración de derechos humanos entre septiembre y diciembre de 2019. Remarca el compromiso del Estado boliviano; indica que la comitiva buscará la reparación de las víctimas de la crisis, sobre todo con “verdad y justicia”; explica cómo fue el proceso para la elección de los cinco especialistas, y expresa su confianza y satisfacción de que están dadas las condiciones para que el GIEI realice un trabajo independiente e imparcial.
—¿Cuál es la expectativa de la CIDH ante este trabajo que el GIEI realizará en Bolivia?
—Es una gran satisfacción para la Comisión que se instale el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes porque se tiene la expectativa de que el grupo coadyuve con las autoridades nacionales en la investigación de los hechos de violencia que ocurrieron en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado.
—En Bolivia se habla de que esta investigación es un paso para la reconciliación tras la crisis, para que el pueblo boliviano sepa la verdad de lo sucedido en esos hechos luctuosos, ¿que espera la CIDH?
—Precisamente que el GIEI coadyuve con las autoridades en estas investigaciones. Creemos que en la medida que exista una investigación independiente de los hechos, de manera auténtica, con base en el principio del debido proceso, se va a alcanzar justicia para las víctimas de esas violaciones. Y esto es algo muy fundamental, en todo proceso de memoria, la verdad y la justicia, y eso se buscará. Por lo tanto nuestras expectativas son que esta coadyuvancia que va a realizar el grupo interdisciplinario, sí va precisamente para reparar violaciones a las víctimas.
—¿Por qué se tardó en la instalación del grupo, habiendo ya un acuerdo firmado el 12 de diciembre?
—La pandemia puso en espera todo este proceso. Como sabemos, el mundo se puso en pausa y además de la firma del acuerdo con el Estado Plurinacional de Bolivia, que sucedió el año pasado, el 12 de diciembre, era necesario echar a andar todo el proceso de implementación, una parte lleva a la negociación y al acuerdo de un protocolo de actuación, lo que tiene en sí mismo su tiempo. Pero en este contexto de pandemia todos los procesos se fueron dilatando, tanto es así que es hasta ahora, en noviembre, cuando existen las condiciones de viaje, es que los cinco expertos pueden llegar a Bolivia. Antes hubiera sido muy difícil. Entonces, yo lo veo como un retraso debido a esta situación de pandemia que padecemos en todo el mundo.
—¿Este grupo qué tipo de relación tiene con la CIDH, puesto que el protocolo se firma con la Comisión?
—El grupo es resultado del acuerdo entre el Estado de Bolivia y la Comisión y como parte de ese pacto entre las dos partes, ambas han negociado un protocolo que rige la actuación in situ de los cinco expertos. Pero una vez que este grupo ha quedado establecido y una vez que va a empezar sus funciones con base en el protocolo, tiene un mandato propio con la garantía de desarrollar su trabajo de manera independiente e imparcial.
—¿En qué forma el GIEI es dependiente de la CIDH?
—Es dependiente desde un punto de vista formal, porque su creación la ha dado la Comisión, pero desde un punto de vista funcional, el grupo es independiente.
—¿Este grupo responde a las recomendaciones del informe que elaboró el anterior año la CIDH en cuanto a entablar un mecanismo de investigación internacional?
—Sí, correcto, fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión en la visita que realizó en el marco de la crisis poselectoral del año pasado. Y con el propósito de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, la Comisión recomendó el establecimiento de este grupo.
—¿Tuvo algo que ver en su conformación que el anterior gobierno interino de Bolivia haya calificado de “injusto” ese informe de la CIDH?
—El anterior gobierno suscribió el acuerdo por el cual se crea el GIEI. Para la Comisión, ese acto muestra un compromiso de atender esta recomendación que formuló. Por lo tanto, la CIDH ve este acuerdo como uno de Estado que trasciende gobiernos. Esa es la mirada de la Comisión de futuro, de que el GIEI pueda realizar su trabajo a partir del 23 de noviembre, una vez que se han hecho todos los preparativos necesarios, y uno muy importante el de contar con un marco jurídico claro para su actuación, como el que está contenido en el protocolo que se va a firmar este lunes.
—¿Cómo se eligió a los integrantes de este grupo?
—Fue una selección hecha por la CIDH, es una de las facultades que tiene. La Comisión la ha ejercido en su experiencia de establecimiento de grupos de expertos independientes. Ha sido así, por ejemplo, en el caso del grupo que se estableció en México para el caso Ayotzinapa (de los 43 desaparecidos en 2014), el grupo que se estableció en Nicaragua. y ahora el GIEI. La Comisión hace una selección, nombramiento de expertas y expertos atendiendo a la materia de su mandato y buscando los perfiles de personas más altamente calificadas.
—¿Se despeja cualquier duda que sembró el anterior gobierno, sobre todo con dos expertos, Patricia Tappatá y Juan Méndez, de Argentina, de quienes dijo que habían hecho una descalificación a la posesión de la presidenta interina Jeanine Áñez?
—Para la Comisión, al momento de la selección de los expertos se constató su alta calidad moral y su elevado prestigio profesional. Los cinco tienen esta característica de competencia y de autoridad moral y, para la Comisión, una vez seleccionados y nombrados no se tiene la menor duda de que su actuación estará a la altura de las exigencias de este grupo. Por lo tanto, la Comisión siempre ha estado convencida de la calificación de las cinco personas expertas.
—Hay expectativa en Bolivia sobre el trabajo que realizará el GIEI. El Gobierno ya adelantó que los expertos tendrán total acceso a lo que es información, archivos de lo sucedido de septiembre a diciembre, incluso archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve la CIDH toda esta apertura con la cual se espera al grupo?
— Celebro mucho dos hechos. Uno, el acuerdo firmado el 12 de diciembre del año pasado para el establecimiento del grupo y segundo, y muy importante, el protocolo que se va a firmar este lunes. El acuerdo es la expresión de compromiso, el protocolo es el marco normativo que permite la actuación del grupo en el terreno. Y constatando estos dos actos jurídicos para mí existen los elementos necesarios para que el grupo pueda realizar su mandato de manera totalmente independiente, imparcial y con eficiencia. Así que no me cabe la menor duda del compromiso expresado por las autoridades bolivianas de poder facilitar al grupo todos los accesos que sean necesarios para una simple razón: que el GIEI pueda hacer bien su trabajo y ello significa poder coadyuvar de manera eficiente con las autoridades bolivianas en el esclarecimiento de esos hechos. Así que, por parte de la Comisión, hay un amplio, un alto sentimiento de satisfacción para las autoridades bolivianas y para el pueblo de Bolivia, y las organizaciones de la sociedad civil que también han expresado, a lo largo de estos meses, su reiterado apoyo al grupo.
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