La defensora Nadia Cruz señaló que hay insistencia respecto al uso de las fuerzas del orden en la jornada electoral y el TSE no está asumiendo medidas para frenar la escalada de violencia.
El discurso represivo del Gobierno transitorio sobre el uso de la fuerza en el desarrollo de las elecciones y la actitud “pasiva” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la escalada de violencia por parte de militantes de frentes políticos, son las preocupaciones que expresó este jueves la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en el programa Piedra Papel y Tinta.
Sobre el incremento de la violencia en las campañas, Cruz indicó que se informó al TSE y a los Tribunales Departamentales Electorales (TED) para que se generen medidas que apunten al cese de estas acciones y llamadas de atención hacia los partidos políticos, pero lo único que se obtuvo es un pronunciamiento que no tuvo mayor repercusión.
“El Tribunal Supremo Electoral no puede ser tan pasivo como lo fue en 2019, la falta de respuesta o la falta de medidas oportunas genera la escalada en la violencia, la escalada en el conflicto porque es el Estado quien tiene que defender”.
La defensora aseguró que “no se está comprendiendo este proceso electoral” y dijo que no se puede “ir con desinformación” desde el TSE o desde los TED, ya que eso va a ocasionar conflictos el día de las elecciones.
También reprochó que la Policía, con todo su aparato institucional, no esté realizando acciones de prevención de la violencia, al igual que ocurrió en 2019, y remarcó que se le pidió ello, pero la respuesta fue “casi nula”.
“Pareciera que las instituciones, en este momento, están volviendo a lanzar a la población hacia una crisis o hacia un conflicto mayor, ojalá no sea así”.
Apuntó que se necesita instituciones “sólidas que se enmarquen en la Constitución” y no en “ordenes ilegales por parte de un Gobierno transitorio o por parte de actores políticos, sean cuales sean”.
Cruz aprovechó para expresar que hay preocupación por la situación de los TED de Potosí y La Paz. Indicó que en caso de Potosí, hay “insistencia” de demostrar un fraude en esa región; mientras que en La Paz “hay una visión de que va a haber una limitación al ejercicio del derecho al voto”.
“Nos han señalado, por ejemplo, que las personas que no lleven barbijo el día de la votación no van a poder acceder al voto, esto es ilegal, además esto no está dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral”.
A la par, criticó que el actual Gobierno haya basado sus acciones en una “política del miedo”, un “discurso del odio y del miedo”, y que debido a ello se están ahondando la polarización que ya existía en el país. Se refirió al discurso de la presidenta transitoria Jeanine Áñez y del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y apuntó que hay mucha insistencia respecto al uso de la Policía y las Fuerzas Armadas durante la jornada electoral.
“Lastimosamente ambas personas evidentemente nunca han leído la Constitución porque esa no es la función ni de la Policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni del Ejecutivo. ¿Qué es lo que vemos ahí?, un discurso o una anticipación de que podrían, estas instituciones del orden y las Fuerzas Armadas, pues generar una suerte de avasallamiento de funciones en lo que corresponde al Órgano Electoral propiamente”.
Cruz recordó que hay 27 muertos por intervenciones policiales y militares. “¿Qué es lo que está pretendiendo el Gobierno, volver a generar 27 muertes más?”, cuestionó, a tiempo de denunciar que lo ocurrido en las masacres de Sacaba, Senkata y el norte integrado de Santa Cruz, en el conflicto poselectoral del año pasado, “queda en una absoluta reserva o secreto de Estado”.
Sobre las gestiones para el acompañamiento de organismos internacionales al desarrollo del proceso electoral, rescató que ya está una misión especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia y está pendiente una solicitud que se realizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, advirtió que en el mandato de Áñez, el Estado boliviano se está generando una alta solicitud de medidas cautelares, que son antecedentes y pueden derivar, en un futuro próximo, en peticiones contra el Estado por la violación de derechos humanos.
Aseveró que esta situación de indefensión de los derechos, como el hostigamiento que sufre la Defensoría y su persona por parte del Gobierno y grupos de civiles, ha provocado pronunciamientos de organismos internacionales, como la CIDH, que si bien no tienen poder coercitivo, sirven para anotar las responsabilidades personales, institucionales y estatales.
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