Dentro de este caso se investiga a los ministros de Defensa, Fernando López, y de Gobierno, Arturo Murillo, por la adquisición de material no letal para la Policía con presunto sobreprecio.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que en el marco del proceso investigativo del caso “Gases lacrimógenos”, el Ministerio Público de Bolivia envió a la Fiscalía General de Brasil un cuestionario con preguntas para que, mediante cooperación internacional y a través de sus fiscales, tomen declaraciones en calidad de testigos a los propietarios de la empresa Cóndor, quienes fueron los proveedores de los insumos para la Policía Boliviana.
“Vamos a esperar el testimonio que puedan brindar estas personas. A través de la cooperación internacional con la Fiscalía General del Brasil se ha enviado los cuestionarios y a través de la Fiscalía de ese país se va a tomar las declaraciones en calidad de testigos a los propietarios de la empresa Cóndor” dijo Lanchipa.
De acuerdo con los últimos actuados, el fiscal asignado al caso emitió un requerimiento de cooperación internacional para que se pueda recibir las declaraciones informativas de testigos en Brasil, quienes serían el presidente de la empresa Cóndor, Carlos Erani Aguiar; la vicepresidenta, María Cristina de Quiroz Aguiar (ambos presuntos dueños de la empresa), y también de Luis Montero, director comercial; Marcos Sigma, subgerente, y Beni Iachan, gerente de ventas para Latinoamérica.
La querella ante la Fiscalía señala que el Gobierno pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso se demandó la dotación de 50.000 unidades. Pero comparando la adquisición con una del Gobierno de Venezuela a la compañía Cóndor, la compra de los proyectiles de larga distancia hubiera significado una inversión de Bs 108 por unidad, y de Bs 116 por unidad de proyectiles de triple acción.
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