La Policía hizo un seguimiento y encontró, según el director de la DACI, al diputado Amilcar Barral en su oficina recibiendo un sobre con el dinero de la extorsión. El legislador opositor negó el ilícito.
La denuncia de que el encarcelado exalcalde de El Alto Édgar Patana era extorsionado por el diputado de la opositora Unidad Nacional (UD) Amilcar Barral activó una investigación que acabó con la aprehensión del legislador. La Policía hizo un seguimiento a todo el movimiento de los dos contactos que operaron dentro y fuera de la cárcel para el ilícito.
Después que recibió, en la cárcel, el dinero de un interno en un sobre manila, el asistente del legislador se trasladó hasta su oficina, en el piso 14 del edificio Ballivián, y le entregó el sobre (con Bs 6.500). En ese momento, dijo el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Sergio Bustillos, entraron policías y vieron la entrega del sobre.
“En flagrancia es trasladado a dependencias de la FELCC para poner en conocimiento del Ministerio Público y realizar las primeras investigaciones que se basan en el cruce de llamadas y vinculaciones”, explicó Bustillos sobre el operativo ejecutado desde las 11.00 hasta la tarde de este martes.
Barral negó alguna participación en el ilícito que reveló la Policía y aseguró que la denuncia de Patana, quien es delegado de los privados de libertad, es en represalia por su labor de fiscalización. “Estoy tranquilo, yo a Patana lo he denunciado de venta de celdas, de extorsión. Imagínense a Patana denunciándome a mí”, cuestionó el legislador en oficinas policiales.
Poco después acompañó a la Policía al registro de su oficina. “Yo he pedido personalmente a la Fiscalía que vengan a registrar mi oficina para ver si tenía algo irregular, no han encontrado nada…A mí nunca me han encontrado agarrando un sobre ni nada”, afirmó en puertas de su oficina que cerró a la conclusión de la inspección.
De acuerdo al reporte policial, Jorge Vergara, director Departamental de Régimen Penitenciario, hizo la denuncia.
El dinero -según la investigación- corresponde a un pago de los internos del penal para evitar que el diputado plantee una petición de informe escrito a Régimen Penitenciario sobre la administración de kioskos al interior de San Pedro, lo que supuestamente afectaría a terceros.
Un interno es el contacto de la extorsión en la cárcel, ya que recibe el dinero y se comunica por teléfono, aparentemente, con Barral, quien a su vez le dijo que iba a enviar a su asistente, según el seguimiento policial. Ahora están aprehendidos Barral y su asistente por la “extorsión consumada”, según el responsable de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), coronel Lucas, como se identifica.
El contacto en San Pedro fue identificado como Kevin Marcelo M. B., quien “a su vez recibe una llamada del señor Amilcar Barral indicándole que el dinero que le entregaron haga entrega al señor Henry Marcelo G. M. “, quien manifestó de forma voluntaria que él solo habría ido a recoger ese sobre por encargo del legislador, según la Policía.
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