La maquinaria contra una posible interferencia empieza a echar humo pero existe un caldo de cultivo que va a afectar al proceso electoral de alguna forma
No es cuestión de suerte sino de atención. De esfuerzo para reducir el poder de las llamadas «noticias falsas», o como nos gusta decir ahora, « fake news». Suena más moderno, pero no deja de ser las andanadas de desinformación que se llevan practicando desde hace décadas cuando se aproximan los procesos electorales. Y, a tenor de los antecedentes, se espera un aumento de intentos de desestabilizar la jornada y de influir en el electorado. Las empresas tecnológicas como Facebook, Twitter o YouTube se han puesto manos a la obra para frenar los bulos, pero hay temor de cara al 28-A.
Es escenario actual de marcada polarización tampoco contribuye a una conversación higiénica y saludable. Los bulos, arraigados en las plataformas sociales más populares, se han convertido en un problema estructural de dimensión global. Los diferentes partidos políticos intentan sacar provecho de los medios digitales y de su capacidad de viralizar contenidos informativos rápidamente. «Las plataformas es donde se viralizan, pero no es donde se producen las 'fake news', ni los usuarios son los productores que más interfieren en el acceso a una información veraz y al debate democrático –digamos– limpio y no manipulado», apunta a este diario Simona Levy, de la plataforma activista de derechos digitales Xnet.
En opinión de esta experta, detrás de las «fake news» que han cambiado la historia reciente, como en sorprendente auge de Jair Bolsonaro (Brasil), Donald Trump (EE.UU.) o acontecimientos como el «Brexit» no hay personas, sino grandes inversiones. «El origen de los cuales son los partidos y los gobiernos, que invierten grandes sumas de dinero en empresas que se crean, principalmente, replicando las dinámicas de las celebrities», denuncia. Y, no es para menos, puesto que se han detectado en los últimos meses la existencia de «bots» -programas informatizados- que se encargan de difundir mensajes de contenido político cercano a una determinada formación. Técnicas, sin embargo, que vulneran los términos de uso de plataformas como Twitter, la reina de la conversación informativa en tiempo real.
Precisamente, la multinacional estadounidense ha activado desde hace varias semanas una estrategia propia para frenar este tipo de actuaciones. De manera interna, por medio de sistemas de revisión automatizados y equipos humanos, se encargan de analizar la posible existencia de «bots». Una vez detectados se paraliza su actividad. En los últimos meses han aumentado este tipo de cuentas. Así, se han frustrado más de 500.000 inicio de sesión de cuentas sospechosas diariamente y el 75% de los perfiles dudosos no pasan sus procesos de validación.
La red del pajarito azul también ha empezado a verificar los perfiles de los candidatos y dirigentes políticos que confluyen a las diferentes elecciones en un intento de evitar posibles suplantaciones de identidad. En materia de desinformación en el último año han tomado una serie de acciones tangibles, entre ellas, ampliado nuestras reglas para reflejar mejor cómo aborda las cuentas falsas y qué actividad infringe sus normas.
Borrado de cuentas y revisión
La multinacional se escuda, sin embargo, en la voluntad del usuario para no cometer tropelías dialécticas. «Proteger la salud de la conversación pública es nuestra mayor prioridad, particularmente durante los ciclos electorales. Un aspecto clave del trabajo que hacemos es promover una mejor integridad de la información en la plataforma. Para lograrlo, empleamos tecnología especialmente diseñada para mostrar el contenido relevante en primer lugar y para abordar de manera proactiva la propagación maliciosa de la desinformación a escala», aseguran fuentes de Twitter a ABC.
Facebook, la mayor red social del mundo, lleva meses preparándose para poder identificar cualquier cuenta falsa de cara a los diferentes procesos electorales, no solo en las elecciones generales de España del 28 de abril sino también en el marco de las locales, regiones y europeas fijada para el 26 de mayo. Aún así, la compañía no puede garantizar la ausencia de bulos en su plataforma durante las próximas semanas. «Hay mucha tensión entre privacidad, libertad de expresión y la protección del usuario ante las noticias falsas. Es muy complicado encontrar el equilibrio», aseguró Tessa Lyons-Laing, responsable de producto de Facebook en un encuentro en el que estuvo presente ABC.
Un problema, aunque los esfuerzos de la red fundada por Mark Zuckerberg se han dirigido hacia ofrecer una mayor transparencia. Para ello, la firma ha introducido una herramienta de cara a las elecciones por la que exige registrarse a partidos y empresas que deseen comprar publicidad personalizada de contenido político. Una medida que incluye, además, la vinculación con la inversión realizada. Se puede encontrar en una librería de anuncios públicos.
Los grupos políticos han asimilado en los últimos tiempos que explotar las capacidades de las herramientas digitales es muy importante de cara a dirigir sus mensajes a los ciudadanos. Son pocos los grupos políticos que no cuentan con sus propios departamentos de comunicación y social media para difundir sus propuestas. Formaciones como Podemos o Pacma han sido algunas de las siglas que se dieron de alta en el nuevo servicio de Facebook. Vox, pese a haber utilizado activamente la plataforma en los últimos meses, se ha mantenido ligeramente al margen.
En aras de reducir el impacto de las «fake news», Facebook también cuenta con un equipo de verificaciones -internos y externos- de unos 30.000 personas repartidos por todo el mundo. Una medida ha consistido en eliminar directamente todo contenido que promocione la violencia o el odio. De hecho, en los tres últimos meses, Facebook ha eliminado 754 millones de cuentas falsas. Pero, también, ha puesto el foco en la revisión del contenido. La red social ha empezado a penalizar todo contenido detectado por su Inteligencia Artificial (IA) como sospechoso de contener datos falsos. De esta manera, y aunque este no desaparecerá, pero sí permanecerá «perdido», frenando así su difusión. Según la estimación de la compañía, la existencia de alertas de posible bulo puede reducir hasta un 80% la propagación de los mismos.
Pero la herramienta que más se ha empezado a utilizar para fines de desinformación es WhatsApp, propiedad de Facebook, que ha tenido un considerable impacto en países como Brasil. Detectado el problema de los bulos, la aplicación de mensajería ha empezado a tomar medidas para combatirlo: reducir el número de mensajes reenviados y eliminar cuentas que violan sus cláusulas como hacer «spam».
En este sentido, Pandu Nayak, vicepresidente del departamento de Google que se encarga de la herramienta de búsqueda, no cree que se puedan crear algoritmos infalibles que identifiquen qué información es falsa y cuál es verdadera. «Hay ejemplos muy obvios, pero hay zonas grises que son más difíciles de identificar», asegura Nayak. Por ello, el factor humano es fundamental. «Dicho de otra forma -continua-, una noticia falsa no se distingue ‘per se’ en nada de otra verdadera, por tanto requiere algoritmos que identifiquen la ‘intencionalidad’ de la misma o la contextualicen con más información, lo que se antoja difícil. Por tanto, requiere de grandes dosis de sentido común y concienciación sobre estas cuestiones».
La coyuntura actual es difusa. Aunque las Generales será la convocatoria que probablemente se seguirá con más ímpetu, los cuatro procesos electorales que están en marcha para los próximos meses acentúa un mayor interés en España a raíz de los precedentes en Estados Unidos o Brasil. La alta penetración de redes sociales, difusores de información, en ocasiones, sesgada y manipulada, ha empujado a diferentes organismos a blindarse ante las llamadas «fake news».
Pese a todo, expertos en seguridad informática creen que existe una amenaza real ante las elecciones de una proliferación de noticias falsas en internet. «La desinformación se ha usado siempre y ahora es más efectiva gracias a Internet: barata, fácil técnicamente, de acceso inmediato y universal. La velocidad de diseminación de las cosas, hoy en día, es lo que ha variado», recalca, tajante, José Rosell, socio-director de la firma de seguridad S2 Grupo.
«Actualmente la velocidad es enorme y esto complica mucho las labores de identificación y control de este tipo de noticias. Después de los 'éxitos' en este tipo de campañas de desinformación y ante la enorme dificultad de defenderse de ellas, es evidente que es una amenaza cada vez más real y creciente», añade. De cara a tranquilizar a la población, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, garantizó recientemente que todos los procesos electorales que se celebren este año estarán «protegidos de ciberataques», pero reconoció que las «fake news» «pueden existir y contra las que habrá que estar prevenido».
Máximas medidas de seguridad en el recuento
En cuanto a los resultados electorales, que se mirarán con lupa, también se pasea la sombra de las dudas, aunque los expertos consultados por este diario son claros: «no se puede hackear unas elecciones». Así, fuentes de Indra -empresa encargada del recuento en las elecciones generales- han asegurado a ABC que está previsto que se apliquen las «máximas medidas de seguridad» exigidas en un proceso electoral de esta magnitud «en las diferentes tareas relacionadas la recogida y difusión de los datos» relacionados con el escrutinio provisional de las elecciones generales. Por motivos de seguridad, no han trascendido las medidas a seguir, «ya que al hacerlo perderían efecto».
No obstante, y a pesar de que se va a, este diario ha podido confirmar que se actualizarán algunas medidas para hacer frente a las técnicas más modernas empleadas por los grupos de ciberatacantes en la actualidad. Al igual que en las anteriores convocatorias de 2016 y 2017, se va a «mantener el mismo sistema de trabajo» para garantizar la transparencia de los resultados provisionales que, en opinión del centro, solo tienen «carácter informativo». Los expertos insisten en que es «imposible hackear» unas elecciones ni «retrasar respecto a sus plazos habituales», ya que este es un proceso manual y físico.
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