Quillacollo volvió a entrar en crisis en menos de ocho meses. El alcalde suplente Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Víctor Osinaga fueron aprehendidos ayer por el caso audios de corrupción. Ambos fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La aprehensión ocurrió luego de que ambas autoridades se abstuvieran de declarar en la Fiscalía Anticorrupción. Fueron convocados por la denuncia de presuntos cobros irregulares a empresas para la adjudicación de obras.
“Es una medida forzada (…) la Fiscalía ha invocado que existen riesgos, porque mi cliente no tendría un trabajo lícito y no tendría un domicilio constituido, lo cual es erróneo”, indicó el abogado de Jayta, Henry Pinto.
En tanto, la autoridad indicó que es inocente. Apuntó al alcalde suspendido, Eduardo Mérida, de armar el proceso.
“Mi consciencia está limpia, mis manos están limpias. Yo soy de una familia humilde, no me voy a ensuciar con actos de corrupción”, expresó el alcalde suplente minutos antes de prestar declaración informativa.
Además, negó que su hija estuviera implicada en la venta de cargos o hubiera influido en la contratación de personal en la Alcaldía, como denunció Mérida.
Por su parte, Osinaga manifestó que “no existe absolutamente nada” en su contra. Agregó que su defensa probará que es inocente.
El Ministerio Público también convocó al exsecretario Administrativo y Financiero Florens Amado, quien se abstuvo, pero no fue aprehendido.
“El señor Alcalde saldrá de esto. No creo que esté implicado. Se nota que los audios y videos son falsos porque se los manipuló. Vamos a pedir un peritaje para establecer la autenticidad”, señaló Amado.
El Ministerio Público tiene 24 horas para emitir la imputación y luego otras 24 horas adicionales para señalar la audiencia de medidas cautelares contra estas dos personas. Ambos son acusados por la presunta comisión de los delitos: uso indebido de influencias y concusión.
Al momento de ser trasladados, un grupo de vecinos de Quillacollo gritaba: “¡Que devuelvan la plata!”. Incluso agredieron al presidente del Concejo.
Más implicados
Mérida también apuntó a otras cinco personas, a la que se debería ampliar las investigaciones: E. J., hija de Jayta; Israel A., externo al municipio; Mery N., jefa de Recaudaciones; Silvio M., dirigente del MAS, y Farid P., encargado del Sicoes.
“La corrupción no sólo es por los cobros, sino por adquisiciones y contratos de corrupción”, aseveró el alcalde suspendido.
Agregó que el yerno es otro implicado.
Los siete audios y videos que implican a las autoridades municipales y a exfuncionarios fueron presentados el 9 de enero. Se escucha negociar al exsecretario general Grover Corrales y otros dos exfuncionarios porcentajes de cobros a empresas para obras en distritos.
Jesús S., asistente de Corrales, reveló la pasada semana que Jayta recibía el 50 por ciento de lo que se cobraba. El 40 por ciento era para el Concejo Municipal, el 9 por ciento se destinaba a secretarios y directores. En tanto, el 1 por ciento era para los de menor rango.
La primera denuncia de cobros la hizo el comité cívico el 18 de diciembre de 2018.
“¡Que devuelvan la plata!”, fue el grito de la población cuando se llevaban a las dos autoridades aprehendidas.
DESPIDEN AL JEFE DE TRANSPARENCIA
El director de Recursos Humanos de la Alcaldía, Sergio Balboa, confirmó que enviaron una carta de agradecimiento al exjefe de la unidad de Transparencia.
Afirmó que desconoce las razones del alejamiento, porque esa repartición depende de Secretaría General.
En siete meses, Transparencia atendió 54 casos. Al menos cinco contra Mérida y otros tantos contra Jayta. Éstos se remitieron al Viceministerio porque la norma establece que las denuncias contra la MAE deben ser enviadas a esa instancia para garantizar que la investigación sea imparcial.
RESGUARDAN LA ALCALDÍA
Los representantes del Control Social de Quillacollo resolvieron resguardar el ingreso principal de la Alcaldía para evitar que algunos funcionarios saquen documentación.
En las últimas semanas, el sector pidió que se reconsidere la compra de una planta de asfalto móvil, porque se detectó irregularidades en la adjudicación.
Se enviaron cinco solicitudes de información, que no obtuvieron respuesta satisfactoria.
CONCEJO ESPERA DECISIÓN DE JUEZ PARA TOMAR ACCIONES
REDACCIÓN CENTRAL
El concejal Demócrata, René Fernández, indicó que el pleno del Concejo Municipal debe esperar el fallo de un juez para definir cómo se procederá en adelante. Aún no se prevé la elección de ningún concejal para ocupar la silla Edil. No obstante, algunos ya se encuentran perfilándose con este objetivo.
Sostuvo que, hoy, la sesión de las 6:30 se desarrollará con normalidad, pese a que a las 8:00 deben declarar por el caso de audios la vicepresidenta del órgano deliberante Juany Veizaga y el secretario concejal Willy López.
Ayer se eligió por mayoría al concejal Valerio Ramos (MAS) como integrante de la Comisión de Ética para investigar las denuncias.
Antonio Montaño (FPV) es el segundo concejal que conforma la comisión. La autoridad aclaró que ninguno de los audios lo implica en el caso, por lo que no existe impedimento para que realice esta labor.
El representante del MAS en Quillacollo, Silvio Mercado, adelantó que los suplentes de Ramos y Veizaga solicitaron que se cumpla la alternancia.
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