El empresario que se adjudicó el primer proyecto de las mochilas en 2016, ahora conocido como el caso Mochilas III, Alberto P., no puede ser ubicado en Cochabamba desde hace dos años en las direcciones que registró a su empresa Velpa en la Cámara de Comercio.
De acuerdo con la misma documentación, Velpa es una empresa especializada en la importación de partes de autos y pese a ello logró adjudicarse en 2016 la provisión de las mochilas por más de 9 millones de bolivianos.
La Contraloría General del Estado denunció recientemente a Velpa, al alcalde José María Leyes y a otros 13 funcionarios por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
Los Tiempos fue a la empresa, ubicada en un edificio en la zona del estadio. En el tablero de informaciones del mismo figura que la firma está en el piso seis, pero los vecinos advirtieron que está cerrada.
“Hace unos dos años que no viene nadie. Está cerrada siempre”, comentó un vecino del edificio. En efecto, una vez en el piso seis se encontró la oficina cerrada. Quedaban los restos de un letrero con el nombre de la empresa.
Asimismo, se llamó al número telefónico que se consigna en el registro de la Cámara de Comercio, pero no hubo repuesta. Según el Facebook, el empresario está en Iquique, Chile. Incluso hay una foto de 2016 con las mochilas.
Del registro de la Cámara se establece que el rubro de la firma no corresponde a la importación de mochilas o artículos de escritorio. La información de la página web señala: “Rubro: vehículos-repuestos, partes, accesorios y mantenimiento para automotores y metalmecánica”. Como actividad principal indica: “Importación y comercialización de repuestos y accesorios para automotores”.
Según el informe que acompaña la denuncia de la Contraloría General del Estado, se observan dos aspectos de la empresa. Por un lado, en la primera convocatoria Velpa se presentó con otra firma, como una asociación.
Pero, de acuerdo al informe preliminar de la comisión calificadora se conoce que no existía el documento de constitución de la asociación, además que se identificaron incoherencias entre los formularios y la propuesta económica. La convocatoria fue anulada.
En la segunda adjudicación, Velpa ya no se presentó como asociación, sino sola y aun así la Contraloría encontró que no se hizo la verificación correcta de la propuesta.
Además, la firma solicitó 10 días de ampliación de plazo para presentar sus documentos y suscribir el contrato. Hecho que según la Contraloría es considerado como “ampliación de plazo sin justificación”.
“Nuevamente vemos que se manosea el proceso de contratación para beneficiar a esta empresa que ni siquiera tenía sus documentos al día. Se otorgó una ampliación de plazo para que ponga sus documentos al día, pese a que no correspondía”, señaló la concejala Rocío Molina.
Según el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), Velpa sólo se adjudicó un contrato con esta entidad pública. Además, el empresario fue cliente del exsecretario municipal, José Miguel Padilla, procesado por Mochilas I y II. Él mismo declaró en el proceso de red de corrupción, que su cliente perdió mucho dinero en este proceso.
9,3 millones de bolivianos fue el monto que se pagó por 92.000 mochilas escolares y el material, que fueron entregados el 2016.
TRES GESTIONES DE MOCHILAS
Mochilas I. La primera denuncia la realizó la concejala del MAS, Rocío Molina, el 2 de abril de este año. Observó que las mochilas entregadas en esta gestión se compraron tres meses antes de que se publicara la licitación pública.
Mochilas II. Esta denuncia salió a la luz el 28 de abril. El Viceministerio de Transparencia denunció la modificación del DBC para favorecer a la empresa. Se trata de las mochilas entregadas en la gestión 2017.
Mochilas III. La Contraloría denunció la existencia de numerosas irregularidades en la contratación de mochilas entregadas en 2016.
SEÑALAN AUDIENCIA DE APELACIÓN PARA LEYES EL 2 DE ENERO Y PADILLA DECLARA
Los vocales de la Sala Penal Segunda señalaron para el 2 de enero de 2019 la audiencia de apelación a la detención preventiva del alcalde José María Leyes, informó ayer el abogado de la autoridad, Humberto Trigo.
La defensa explicó que el vocal Nelson Pereira convocó a su par Anawella Torres para que se realice esta audiencia. Sin embargo, Trigo indicó que pedirán que ésta se adelante, debido a la situación de detención en la que se encuentra Leyes, por lo que debería existir un carácter de urgencia.
El Alcalde electo de Cochabamba se encuentra con detención preventiva en el penal de San Antonio desde la madrugada del 30 de noviembre, luego de la audiencia cautelar por Mochilas II.
Declaración
El exsecretario José Miguel Padilla fue convocado ayer por la Fiscalía para declarar por el caso Mochilas II. Se trata de la tercera vez que presta declaraciones en este proceso. Las dos ocasiones anteriores lo hizo en calidad de testigo, pero ahora está como imputado, luego que el empresario indicara que entregó 45.000 dólares de coima y Padilla dijera que eran para el Alcalde.
Padilla declaró ayer en su domicilio debido a la detención domiciliaria en la que se encuentra. Las abogadas del alcalde Leyes se presentaron para ser parte, pero no las dejaran pasar.
Este hecho fue considerado como ilegal debido a que se estaría coartando el derecho a la defensa del Alcalde, pues tampoco les notificaron. “Este acto debería ser anulado por el juez”, explicó la abogada de Leyes, Andrea Trigo.
A eso se suma que observó bastante hermetismo en la Fiscalía Anticorrupción debido a que no les querían avisar dónde estaban los fiscales.
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