El presidente de la Corte Suprema de Brasil, José Antonio Dias Tóffoli, anuló ayer la decisión cautelar que había dictado un juez de ese tribunal contra la prisión después de condena en segunda instancia, que podría haber llevado a excarcelar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Dias Tóffoli se pronunció en ese sentido en respuesta a una apelación presentada por la Fiscalía General, que se posicionó en contra de una medida que, en opinión de su titular, Raquel Dodge, podría causar “una grave lesión al orden y la seguridad”.
La cautelar fue dictada ayer por el juez Marco Aurelio Mello y se apoyaba en un artículo de la Constitución que dice que una pena sólo puede ser ejecutada cuando se agota toda la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia, que es el caso de Lula y de otras 169.300 personas que están en la cárcel.
Amparado por esa cautelar, el Partido de los Trabajadores (PT) llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder, en prisión desde abril pasado tras haber sido condenado a 12 años por corrupción por una corte de segunda instancia.
Sin embargo, la jueza responsable del caso decidió pedir una opinión a la Fiscalía General, que la dio de hecho al apelar a la cautelar ante el presidente del Supremo, único juez en actividad del tribunal desde el mediodía de ayer, cuando el Poder Judicial entró en receso hasta febrero del año próximo.
La cautelar dictada por Mello fue objeto de críticas en casi todo el medio jurídico, pues si bien se apoya en la Constitución, no tomó en cuenta una decisión adoptada en 2016 por el propio Supremo, que fue ratificada este mismo año y permite que una pena comience a ser ejecutada tras la condena en segunda instancia, aun cuando resten apelaciones.
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
Lula, de 73 años, fue condenado en segunda instancia en enero.
La liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva queda en manos de la jueza Carolina Lebbos.
DATOS
Beneficio para 169.300 Presos. Unos 169.300 presos en todo Brasil, incluido Lula, pueden ser liberados.
Consejo de Justicia. El cálculo, divulgado por la estatal Agencia Brasil, es del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), un órgano consultivo del Poder Judicial, y equivale al 23,9 por ciento de las cerca de 706.000 personas que actualmente están presas.
Empresarios y políticos. Entre los presos que pueden solicitar su libertad con base en la cautelar figuran 18 empresarios y políticos condenados en el marco de la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en Brasil.
Confirmaciones. La cautelar del magistrado Marco Aurelio Mello ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por los tribunales de tercera y de cuarta instancia.
Molestia. “Se trata de una decisión que tendrá efectos catastróficos para la justicia en Brasil. Su impacto es múltiple y beneficiará a miles de personas, no sólo a Lula”, afirmó Deltan Dallagnol, el jefe del equipo de fiscales responsables por la Operación Lava Jato.
Publicar un comentario
Agregue aquí su comentario...