Un concejal de Demócratas de un municipio del eje metropolitano denunció que le prestó 1,3 millones de bolivianos al alcalde José María Leyes, al entonces funcionario del municipio José Miguel Padilla y al pariente de éste, Javier de Udaeta, para la compra de asfalto para el municipio en 2015.
La denuncia se presentó porque el munícipe, con detención domiciliaria desde abril, no le devolvió el dinero. Al respecto, Leyes señaló, a través de una carta, que no conoce al denunciante.
Sin embargo, el concejal presentó su denuncia por estafa a la Fiscalía Departamental el miércoles, según los documentos a los que accedió Los Tiempos. En ella, expone que en la campaña electoral de 2015 conoció al candidato a la Alcaldía de Cochabamba y fue Leyes quien se le acercó. Una vez que se ganó su confianza, le pidió un préstamo por 10 mil dólares.
Cinco meses después, Leyes le devolvió el dinero con el 3 por ciento de interés. Con mayor confianza, Leyes le solicitó 200 mil bolivianos. El concejal accedió y cinco meses después recibió su pago .
En agosto de 2017, Leyes le presentó al concejal a José Miguel Padilla. “Me indicó que los préstamos posteriores los haga al señor Padilla, ya que era su mejor amigo, su hombre de confianza”, relató.
Padilla le pidió un préstamo para la compra de asfalto de 1,3 millones de bolivianos.
“El 14 de agosto de 2017, a horas 8:45 aproximadamente, recibí una llamada del señor Leyes, quien me señala que así como me había dicho Padilla sobre la provisión de cemento asfáltico, necesitarían un préstamo de dinero por un monto más alto de 1,3 millones de bolivianos con una utilidad de 500 mil bolivianos en cinco meses”, agregó.
Incluso le mostraron los formularios del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), en los que se especificaba el proyecto. Luego le presentaron a una tercera persona, que lo convenció de realizar la inversión.
Es así que el 30 de agosto entregó, a esta tercera persona, 600 mil bolivianos y, en diciembre, 700 mil más. “Espero 20 días que me prometieron para las utilidades. Luego llamé al señor Leyes y Padilla, quienes me indicaron que tenga paciencia, 30 días más”.
Siguió: “Espero, pero ya no me contestan las llamadas ni me querían recibir en las oficinas (…) Me asusté y me di cuenta que era una estafa”.
Los abogados de Leyes y Padilla señalaron que no fueron notificados con la denuncia. Pero Humberto Trigo indicó que la autoridad recibió una carta el 21 de septiembre en la que el denunciante solicitaba la devolución. La carta fue respondida con otra del Alcalde que indica: “No tengo relación civil”, dijo.
“Necesitaban un préstamo de 1,3 millones de bolivianos para la compra de cemento asfáltico”
ADJUDICACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO
La adjudicación y compra de cemento asfáltico es otra de las contrataciones en proceso de investigación por irregularidades. Asimismo, aparece un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras por el cual se inició otro proceso penal.
De igual modo, se encuentra en investigación una presunta red de corrupción que operaba dentro de la Alcaldía con funcionarios de alto rango y familiares del Alcalde.
BÚSQUEDA DE “FINANCISTA”, UNA PRÁCTICA RECURRENTE
La denuncia del concejal saca nuevamente a la luz la participación de un “financista” en las adjudicaciones públicas. Tanto en la compra de cemento asfáltico como en el caso Mochilas, presuntamente se requirió de un socio que otorgó los recursos para concretar las compras que solicitaba el municipio.
En el caso de las mochilas, se conoció que el empresario de la Asociación Accidental 26 de Febrero, René Juan de Dios Morales, se prestó 600 mil dólares de otro empresario para tener el capital para la compra de las mochilas en 2016 y 2017.
En este hecho, el empresario se encargó de todos los giros a China y realizó un documento privado de préstamo. Pero, en el caso de las mochilas entregadas la presente gestión, se tiene dificultades, pues la Asociación 26 de Febrero inició un proceso coactivo para cobrar lo invertido en las mochilas. En lo que se refiere al cemento asfáltico, también se habría buscado a una persona que preste el dinero para tener el capital para la compra. Pero, en este caso, el préstamo es solicitado por el Alcalde y allegados; no así por quien se adjudica la dotación.
Además, no existirían documentos de préstamo, pero sí varios testigos que acompañaron al denunciante en la entrega de los recursos.
Ambos contratos tienen en común que son los mismos empresarios: una pareja que está con detención preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Mochilas I.
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