El expresidente respondió, vía correo electrónico, a un cuestionario que fue enviado por la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público validó el lunes la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría del Estado en contra de Carlos Mesa.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que la actuación de su Gobierno en el caso de Quiborax se enfocó a “sanear” los procedimientos y “reestablecer el principio de legalidad” en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni.
El actual embajador ante el Reino de Países Bajos y agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya respondió, vía correo electrónico, a un cuestionario de 10 preguntas enviado por la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público validó el lunes la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría del Estado en contra del expresidente Carlos Mesa por este caso.
“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.
El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Carlos Mesa, que establecía la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de concesiones a la Empresa Minera Non Metallic Mineral S.A.
Recordó además que la norma es “explícita” en señalar que la norma jurídica abrogada, la aprobada en el gobierno de Mesa, adolece de “deficiencias jurídicas insubsanables" porque el Código de Minería no prevé la revocatoria de concesiones mineras.
"Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal”, agrega en otra parte del cuestionario.
El expresidente aseguró además que no recuerda ni dispone de acceso a información sobre propuestas para resolver el conflicto de intereses por la reversión de las concesiones en el Salar de Uyuni y que conoció “solo por los medios” sobre los procesos judiciales internos que se hubiese desarrollado en contra de los representantes de la firma chilena Non Metallic Mineral SA.
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