El expresidente Carlos Mesa expulsó a la transnacional mediante Decreto Supremo Nro. 27589, de 23 de junio de 2004, bajo la figura de una revocatoria de las concesiones a Quiborax, pero dos informes no defendían la expulsión de la firma.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, reveló este miércoles que en el propio gobierno de Carlos Mesa no se recomendó la expulsión de la expresa Quiborax de Bolivia, cuyo posterior laudo arbitral culminó con una indemnización a su favor de $us 42,6 millones. Además, develó que el exmandatario desoyó cuatro convocatorias al diálogo de la transnacional para resolver el conflicto.
Mesa expulsó a la firma mediante Decreto Supremo Nro. 27589, de 23 de junio de 2004, bajo la figura legal de una revocatoria de las concesiones entregadas a la sociedad Quiborax - Non Metallic Minerals SA para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.
Arce reveló que el 8 de diciembre de 2004 equipos técnicos de los ministerios de Desarrollo Económico, Minería y de Relaciones Exteriores, además del Servicio Nacional Técnico de Minas (Setmin), enviaron un informe multidisciplinario al entonces canciller Juan Ignacio Siles del Valles que luego fue usado en el arbitraje.
Conocido como el reporte 025, es uno de los “informes clave” sobre el que sustentó la demanda y que cuestiona el “decreto ilegal de Mesa” y es “mencionado más de una decena de veces en laudo arbitral que se ha dictado en contra de Bolivia”, dijo Arce.
La autoridad leyó que “dicho decreto supremo (27589) fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí, y en particular de la localidad de Uyuni” y que “el mismo adolece de serios problemas jurídicos”.
“No lo dice la CIADI, no lo decimos nosotros, no lo dice el Gobierno, le dicen sus equipos técnicos multiministeriales al canciller de ese entonces (de Mesa)”, destacó el titular de Justicia.
En el párrafo 10 del mismo documento se precisa que “el Gobierno boliviano puede intentar llegar a un arreglo amistoso y mutuamente satisfactorio con la empresa, sin embargo dicha opción implicaría grandes costos políticos y la creación de grandes conflictos con el departamento de Potosí. Por otra parte, el Gobierno boliviano puede intentar defender su decisión de revocar las concesiones mineras o tratar de demostrar vicios en la tramitación de la concesiones originales de la empresa Non Metallic Minerals (socia de Quiborax)”.
Para Arce, el último acápite referido a la demostración de vicios es “una frase que ha de ser clave y lapidaria para las consideraciones del tribunal arbitral”.
“Es decir, le dicen al presidente Mesa ‘usted puede inventarse’, cuando no era necesario inventarse si se cumplía la ley. Si se hacían las seis auditorías que la ley de Carlos Mesa establecía, no era necesario buscar algo para defenderse en el arbitraje (…) este informe desacredita a Bolivia”, reclamó.
En la interpelación, que también alcanzó al ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, Arce también apuntó que “hubo un informe parcial de auditoría de Setmin que no recomendó la expulsión de la empresa.
En las conclusiones de ese documento, leyó el ministro, se precisa que “las empresas mineras y cooperativistas que se encuentran en etapa de explotación de la ulexita como Non Metallic Minerals y la cooperativa minera Socomin deben efectuar un trabajo racional y sistemático en todas sus labores de explotación”.
“No dice que se vayan, no había ningún documento que respalda” esa decisión de expulsar a la firma chilena, destacó el titular de Justicia.
Recordó además que “Carlos Mesa tenía la obligación de sentarse con la empresa que había echado del país” para conciliar, pero “desoyó” al menos cuatro convocatorias del 2 de julio, del 14 de octubre y del 7 de diciembre de 2004.
“Finalmente el 24 de enero de 2004 (2005), la empresa da por terminado ese proceso establecido en la norma para consultas amistosas entre el Estado y el inversionista”, detalló.
A su juicio, Quiborax le concedió a Mesa el doble del plazo establecido para ese proceso fijado por los tratados bilaterales, puesto que “pese a eso, recién el arbitraje se presenta ocho meses y 10 días después, el 4 de octubre de 2005”.
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