La Paz, 5 de abril (MJyTI).- El ministro de Justicia y
Transparencia Institucional, Héctor Arce, calificó hoy como “muy grave” el
hecho de corrupción millonaria que involucra al alcalde de la ciudad de
Cochabamba, José María Leyes, y anunció que su cartera de Estado coadyuvará la
denuncia por presunto daño económico presentada por la concejala, Rocío Molina,
en la compra de mochilas y material escolar con sobreprecio de más de 10
millones de bolivianos.
“El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción,
Diego Jiménez, se apersonará ante el Ministerio Público para coadyuvar y hacer
el seguimiento del caso en cumplimiento de la Ley 974, al ser un tema de
corrupción de más de un millón de bolivianos”, anunció Arce, en conferencia de
prensa.
El ministro Arce manifestó que se tiene amplia documentación
en las que se identifican irregularidades y favoritismo a la Asociación
Accidental 26 de Febrero en la licitación de las mochilas y el material
escolar, debido a que este material se compró antes de que se lance la
licitación para 2018.
Dijo que en la documentación de la denuncia en contra del
alcalde Leyes, funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba y personas
particulares demuestra que se ha llevado un “verdadero proceso de corrupción”
que se calcula generó un grave daño económico para el municipio de Cercado.
“Hay documentación amplia en la que se ha demostrado con
mucha claridad que estas mochilas escolares han sido adquiridas con un
sobreprecio del 81,21 por ciento en la compra de mochilas escolares por la
Alcaldía Municipal de Cochabamba”, afirmó la autoridad.
De acuerdo a la información proporcionada, el costo de las
mochilas y útiles escolares puestos en la ciudad de Cochabamba tienen un valor
de 2.342.373 bolivianos y se pagó 12.469.247 bolivianos, determinando un sobreprecio
de 10.126.874 bolivianos.
Arce también dijo que la documentación evidencia que el
material escolar ya estaba elaborado en agosto de 2017 y en noviembre del mismo
año recién se publica la licitación. Por lo que consideró que esa acción fue
planeada por una organización criminal para estafar a la ciudad de Cochabamba.
“Estos hechos irregulares deben ser profundamente
investigados por el Ministerio Público; hay pruebas claras de la comisión de
delitos de corrupción por parte del Alcalde”, afirmó.
Precisó que la principal responsabilidad recae en el Alcalde
por ser la máxima autoridad de la Alcaldía cochabambina y por haber firmado
este acuerdo con la empresa.
Fuente: Unidad de Comunicación del Ministerio de Justicia
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