Los opositores insisten en que sea el próximo Gobierno el que defina esta política sobre el litio.
Por la fuerza. Así el presidente de la comisión de Economía Plural, Hernán Hinojosa, instaló la sesión para tratar el proyecto de ley que aprueba el contrato de explotación de litio con la empresa Uranium One Group de Rusia, en medio de gritos de los diputados, Lissa Claros y Walty Égüez.
La diputada Claros exigió que la sesión sea suspendida y trasladada a Potosí, tal como se había comprometido el diputado Hinojosa. Asimismo, dijo que los dos contratos, de la empresa china y la rusa están en una controversia judicial en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Hinojosa había declarado que era imposible viajar a Potosí porque la directiva de la Cámara de Diputados le negó los fondos para costear el viaje de los 16 diputados que integran esta instancia legislativa.
Mientras que el diputado, Walty Égüez ofreció pagar el viaje de los 16 diputados a Potosí y que sesionen en el lugar. En plena sesión dijo que pueden ir en este momento a pagar el traslado y que la logística organice la Cámara de Diputados.
No obstante, el arcismo se encerró en su negativa y las diputadas afines al Gobierno dijeron que no existen los recursos y por tanto, se debe iniciar el tratamiento y plantearon desestimar todos los puntos de la agenda y tratar directamente el punto 7 que es el contrato.
De aprobarse este proyecto en esta instancia pasaría al pleno de la Cámara de Diputados, donde existe una pugna y una sesión declarada en cuarto intermedio ‘sin fecha ni hora’ por causa, precisamente, del otro contrato de explotación de litio, por tanto, sería el segundo proyecto de esas características que pasa al plenario.
Según la explicación de Hinojosa, el responsable de la ‘socialización’ del proyecto de explotación debía ser el Ejecutivo, de ese modo, espera la explicación del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, sobre la socialización y dijo que el Legislativo no puede seguir esperando indefinidamente.
Los opositores rechazan la consideración de estos dos proyectos de Ley porque consideran que comprometen los recursos naturales por más de 30 años y debe ser un gobierno con legitimidad el que firme los contratos, en su criterio el próximo gobierno que asumirá el 8 de noviembre.