Polémica por presunta “violación a la independencia judicial” del Tribunal Departamental de Justicia de Beni
El Consejo de la Magistratura, mediante un comunicado, rechazó este miércoles “de manera enfática cualquier acusación relacionada con una supuesta interrupción del desarrollo de las audiencias judiciales en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni”. El pasado 21 de julio, los vocales del TDJ de Beni, Charles Mejía y Marco Antonio Justiniano, denunciaron, ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, una presunta “violación a la independencia judicial”.
Aseguraron que, ese mismo día, la encargada distrital del Consejo de la Magistratura y otros personeros “intervinieron” la Sala Constitucional Primera “con la intención de que se suspenda una audiencia” de acción popular (en contra de las elecciones) que se realizaba en ese momento.
Sin embargo, la Magistratura desmintió que se haya interrumpido la audiencia y aseguró que la presencia de sus funcionarios “en la audiencia constitucional referida tuvo como único propósito la entrega formal de una notificación administrativa, emitida por la Unidad de Control y Fiscalización, en el ejercicio legítimo de sus competencias conferidas por la Ley 025 del Órgano Judicial”.
“Los funcionarios del Consejo permanecieron fuera de la sala de audiencias, aguardando la conclusión del acto procesal, sin haber accedido a la misma ni establecido contacto alguno con los vocales presentes. Cabe señalar que dichos vocales se negaron a recibir la notificación, obstaculizando el cumplimiento de las funciones legalmente asignadas”, señala el comunicado.
Actuaciones disciplinarias
El Consejo de la Magistratura informó que “ha dispuesto el inicio de las actuaciones correspondientes para la determinación de la responsabilidad disciplinaria respecto de los vocales de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia del Beni”.
El objetivo, según el pronunciamiento público, es preservar la legalidad, la transparencia institucional y la correcta sujeción a las normas que rigen el funcionamiento del sistema judicial
Además, la Magistratura reiteró “su compromiso con la independencia judicial como principio fundamental del Estado de Derecho”. No obstante, también aclaró que “dicha independencia no puede interpretarse como una exención frente a los mecanismos de control y fiscalización previstos en la ley”.
“Toda conducta que obstruya el ejercicio de dichas funciones será objeto de análisis y tratamiento conforme al rigor que impone el ordenamiento jurídico boliviano”, advirtió el Consejo de la Magistratura.