La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) redujo nuevamente la calificación crediticia de Bolivia, ubicándola en CCC-, un nivel que en la jerga financiera equivale a “riesgo sustancial”
El informe de S&P posiciona a Bolivia como uno de los países con mayor riesgo crediticio en la región, compartiendo el último lugar junto a Argentina (con el diferencial que las perspectivas del vecino país, son positivas). Según el ranking actualizado, mientras países como Chile mantienen una sólida calificación “A” (grado de inversión con riesgo bajo), Bolivia se encuentra a seis escalones por debajo del umbral mínimo de grado de inversión.
Esta evaluación no es exclusiva de S&P. Otras agencias internacionales como Moody’s y Fitch Ratings también han rebajado la nota de Bolivia en los últimos trimestres, alineándose en la percepción de un deterioro fiscal sostenido, crecientes presiones sobre las reservas internacionales y un entorno de liquidez interna cada vez más restringido.
Calificadoras evaluadoras
Las agencias de calificación crediticia como S&P, Moody’s y Fitch Ratings realizan un análisis integral de la solvencia y liquidez de los emisores soberanos. Evalúan, entre otros factores: la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo, evalúan la capacidad de generación de ingresos fiscales. Verifican la estructura y el perfil de la deuda pública, analizan la solidez de las reservas internacionales y monitorean el entorno político e institucional que puede afectar la gestión macroeconómica.
En esencia, estas agencias miden la probabilidad de impago (default) de un país y el tiempo estimado en el que podrían presentarse tensiones severas de liquidez.
En el caso boliviano, las rebajas recientes se sustentan en cuatro elementos críticos: el déficit fiscal persistente y elevado desde 2014, el aumento acelerado de la deuda pública, que en 2025 alcanzaría el 103% del PIB, la caída drástica de las reservas internacionales, que se han reducido de 15.000 millones de dólares en 2014 a apenas $us 2.617 millones en abril de 2025 y los próximos vencimientos de deuda, particularmente los bonos soberanos emitidos en 2017 que demandarán un pago de aproximadamente $us 1.000 millones en 2027.
Déficit estructural
Desde 2014, Bolivia ha registrado déficits fiscales persistentes, con niveles que han oscilado entre -7% y -13% del PIB. Esta dinámica refleja un gasto público sistemáticamente superior a los ingresos fiscales, lo que ha llevado al país a incrementar de forma importante el endeudamiento público, principalmente a través del Banco Central de Bolivia.
La deuda pública boliviana ha seguido una trayectoria ascendente que la ha llevado de 41% del PIB en 2014 a 103% en 2025. Este nivel supera con creces los umbrales recomendados para países emergentes con moneda no convertible, donde el límite prudente se sitúa en torno al 60% del PIB.
El stock de reservas internacionales netas (RIN) ha caído de manera dramática en la última década. En 2014, Bolivia contaba con más de $us 15.000 millones en reservas, lo que le otorgaba un amplio margen de maniobra ante shocks externos. Sin embargo, las reservas han descendido a $us 2.617 millones en abril de 2025, un nivel que cubre escasamente tres meses de importaciones, muy por debajo de los estándares de solvencia recomendados.
La nueva rebaja de la calificación crediticia de Bolivia por parte de S&P es la consecuencia previsible de una década de desequilibrios fiscales, endeudamiento acelerado y erosión de reservas internacionales. Esta decisión es consistente con la evaluación de otras calificadoras y con la percepción de los mercados reflejada en el EMBI.
Bolivia enfrenta una situación de alto riesgo, con limitadas opciones de financiamiento externo, un cronograma de vencimientos exigente y un margen fiscal estrecho. La capacidad del gobierno para implementar reformas, generar superávits primarios y restablecer la confianza será determinante para evitar escenarios más adversos.