La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reafirmó este martes su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y repudió todo tipo de agresión que vaya en contra de la labor periodística en el país.
Así lo demostró al manifestarse sobre dos hechos específicos ocurridos esta semana en contra de periodistas que sufrieron agresiones en La Paz y Cochabamba por cumplir con sus labores.
La viceministra llegó este martes hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para gestionar la libertad del periodista Carlos Quisbert, quien fue arrestado esta jornada por la Policía Boliviana, cuando cubría el conflicto de cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en La Paz.
“Los trabajadores de la prensa tienen las garantías para realizar su trabajo y eso es lo que estamos haciendo. Repudiamos todo tipo de agresión, insisto, venga de donde venga, no estamos de acuerdo con ello, lo hemos demostrado desde el primer día. Nosotros no criminalizamos la libertad de expresión, nosotros no criminalizamos el ejercicio de los trabajadores de la prensa. Ese es el objetivo y el compañero ya se encuentra en libertad en este momento”, aseguró la autoridad gubernamental.
El Artículo 106 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información y que, además, garantiza a las bolivianas y a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación, a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa.
“Hemos señalado en muchas oportunidades que el trabajo periodístico debe respetarse, lo reconocemos. Esa es la libertad de expresión. Eso es estar en un país con democracia y lamentamos las agresiones que se puedan generar contra los trabajadores de la prensa venga de donde venga. Repudiamos ese tipo de acciones”, indicó la Viceministra de Comunicación.
La liberación sucede en contraste a lo que ocurría en el régimen de Jeanine Áñez. Tras el golpe de Estado en noviembre de 2019, la entonces nueva ministra de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea del Gobierno de facto, ya que eran considerados sediciosos.
“Nosotros como Gobierno, lo hemos dicho desde el primer día, garantizamos el ejercicio periodístico de todos los trabajadores de la prensa. Lo hemos hecho desde que hemos llegado al Gobierno, porque reconocemos lo que es recuperar la democracia, sabemos lo que ha costado al pueblo”, sostuvo Alcón.
El periódico Opinión de Cochabamba informó en la víspera que su periodista, Miguel Rojas Fernández, fue agredido físicamente por grupos que apoyan al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuando filmaba con su celular la vigilia en la plaza 14 de Septiembre.
“En este momento, lo que nosotros estamos repudiando es que vengan agresiones de cualquier lado, lo hemos visto en Cochabamba, lo hemos visto con el periodista de Opinión, lo hemos visto con otros periodistas acá. Eso es lo que estamos repudiando como Gobierno. Insistimos: siempre vamos a luchar por el trabajo de los periodistas, por la libertad de expresión y la libertad de prensa”, dijo la viceministra Alcón.
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