El pleno de la Cámara de Diputados sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley que obliga a autoridades del nivel central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas a permanecer en el país, por tres meses, después de concluida su gestión.
"El objeto de la ley es establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores de la Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado", señala parte de la norma.
El presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, dijo que, el propósito del proyecto de ley de arraigo, es para que altos funcionarios públicos puedan rendir cuentas de sus respectivas gestiones en instancias del Estado.
"Hemos visto durante esta gestión de nueve u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia", subrayó la autoridad.
Mediante una nota institucional, Choque también explicó que pese a existir otras normas, como la Ley 1178 y la 004 para frenar malos manejos económicos, algunas autoridades las burlan y no rinden cuentas de los dineros que administraron. "Por lo que a partir del Proyecto de Ley que está en fase de revisión, la Dirección de Migración asumirá el control para su cumplimiento", sostuvo.
La Cámara de Senadores aprobó la norma el 11 de agosto y este miércoles 26 de agosto fue tratada en la Cámara de Diputados.
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