Hay cuatro normativas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y esperan el visto bueno de la presidenta Jeanine Áñez para su aplicación. Alistan bloqueos para mañana por el diferimiento de créditos.
En seis meses de cuarentena por el coronavirus COVID-19, la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó tres de nueve leyes para contrarrestar el virus, las mismas que se encontraban frenadas en el Ejecutivo.
Otras cuatro normativas que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional podrían seguir el mismo camino esta semana tras cumplirse el plazo de 10 días que establece la Constitución para que la presidenta Jeanine Áñez les dé el visto bueno y puedan aplicarse.
Entre tanto, hay otro paquete que fue enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.
Las que están pendientes de aprobación son las leyes de diferimiento de créditos, de donación de plasma, atención en clínicas privadas y la reducción del 50% en alquileres.
Los legisladores de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en la Asamblea, también se refirieron a la norma para el uso del dióxido de cloro.
Ambos poderes del Estado se encuentran enfrascados en observaciones a sus proyectos de ley. El más reciente es por la aprobación de créditos internacionales para el pago de bonos en favor de la población afectada económicamente por el coronavirus COVID-19. Áñez pidió ayer a la Asamblea no burlarse de la necesidad de la población y liberar esos recursos.
El conflicto sigue su curso luego de que Copa anticipara ayer que se iniciará un proceso por incumplimiento de deberes a las autoridades del Ministerio de la Presidencia por restringir el trabajo de fiscalización al no recibir correspondencia ni responder a las peticiones de informes en los casos respiradores, educación, YPFB, ENTEL y otros, según Oxígeno.
Pese a estos impasses, la ALP se abrió al diálogo con el Gobierno para encaminar los proyectos de ley referentes a los créditos internacionales.
EN LA ASAMBLEA
La Ley 1309 del 30 de junio dispone medidas complementarias en el marco de la emergencia nacional declarada ante el coronavirus COVID-19. Se refiere a la dotación de equipos de bioseguridad, reactivos, laboratorios, la disposición de personas fallecidas, desinfección y prohibición de despidos o desvinculaciones. El artículo 8 establece que el Órgano Ejecutivo deberá informar de manera oportuna, veraz y completa sobre estas medidas y rendir cuenta de los gastos realizados a la Asamblea. Entre las prohibiciones están las sanciones penales para quienes incumplen la cuarentena, las detenciones, los arrestos innecesarios, las amenazas o las intimidaciones como también la negación de la dignidad humana, la libertad de expresión, la alimentación, la intimidad y otros derechos fundamentales de enfermos.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía deberán resguardar y actuar respetando los derechos humanos de todas las personas”, dice la norma.
El 10 de julio, Copa aprobó la Ley 1313 para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones para “precautelar la estabilidad y solvencia económica del Estado”.
Señala a su vez que todo endeudamiento público externo, debe contar con condiciones financieras favorables para el país, en términos de tasas de interés y plazos, mismas que deberán ser autorizadas previo análisis por la Asamblea, mediante Ley.
En el marco de la pandemia, Copa también promulgó la Ley 1297 del 30 de abril para la postergación de las elecciones generales 2020 que estaban previstas para el 3 de mayo y establece un plazo máximo de 90 días.
Desde marzo de este año se tienen aprobadas 35 leyes en total, de acuerdo con la información de la Gaceta Oficial, la mayoría (14) para la transferencia de bienes inmuebles.
PROTESTAS
Diferentes sectores endurecieron sus protestas con crucifixiones y amenazas de inmolación exigiendo la aprobación de la ley de diferimiento de créditos hasta diciembre para comenzar con los pagos en las entidades financieras el próximo año.
Los choferes anunciaron un paro nacional con movilizaciones y bloqueos de carreteras desde mañana ya que tienen muchas dificultades económicas.
En la ciudad de El Alto, los choferes federados, gremiales y los microempresarios gestaron un movimiento conjunto y advierten con iniciar medidas de presión desde hoy.
La ley de diferimiento ya fue aprobada y sancionada por la Asamblea el 12 de agosto, pero desde entonces la presidenta Añez no la promulga. El Gobierno alegó que estaba analizando el impacto en los ahorristas, según ERBOL.
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