El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadipaz), Raúl Crespo, informó que su sector se declaró en estado de emergencia en rechazo a la creación de un impuesto directo al tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados, que está establecido en dicho proyecto de ley.
Los empresarios, especialmente los de la industria, rechazaron ayer ser parte de las fuentes de financiamiento que plantea el proyecto de Ley del Cáncer para tratar a los enfermos en el país. El sector pidió ser incluido en la redacción del documento.
El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadipaz), Raúl Crespo, informó que su sector se declaró en estado de emergencia en rechazo a la creación de un impuesto directo al tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados, que está establecido en dicho proyecto de ley.
“La medida generará desigualdades impositivas entre sectores económicos en perjuicio de la industria manufacturera, e impulsará la informalidad, el contrabando y la desindustrialización”, dijo Crespo, tras recordar que con la Ley 843 (de Reforma Tributaria) se eliminó impuestos para financiar determinadas actividades.
El proyecto de Ley del Cáncer, presentado el 5 de julio a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Salud y el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Édgar Montaño, establece que las fuentes de financiamiento para aplicar la norma son el Tesoro General de la Nación (TGN), un porcentaje mínimo del programa de responsabilidad social de las empresas públicas y privadas, además de un impuesto directo al tabaco, alcohol y ultraprocesados.
Ibo Blazicevic, gerente institucional de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), señaló que se solidarizan con las demandas de los enfermos con cáncer, pero que rechazan la creación de un nuevo impuesto. “En el caso de la cerveza, ya se paga un tributo en subsidio cruzado a Proleche, además en impuestos es el más alto de la región, pues equivale a 2.152 millones de bolivianos año”, informó.
Blazicevic, quien también es presidente de la Cámara Nacional de Industria, coincidió con la posición de Cadipaz y advirtió que si se aprueba la norma habrá desempleo y más contrabando.
“Pedimos que nos escuchen y nos incluyan en las mesas para elaborar ajustes en la redacción del proyecto de ley”, indicó.
El documento fue observado por la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios. Al menos 12 miembros ingresaron en una huelga de hambre en demanda de una norma consensuada y tras seis días levantaron la medida con la firma de un convenio con el Gobierno, en el que se garantiza la inclusión de sus demandas en mesas de trabajo.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que el proyecto de ley es objeto de consenso y que sí pueden participar los empresarios. “Hay que ver las fórmulas para fortalecerlo y todos debemos poner el granito de arena para ayudar a todos los que pasan por esta situación de salud”.
Por su lado, la presidenta de la Asociación, Rosario Calle, explicó que la demanda de su sector es que la ley incluya la gratuidad del tratamiento y los medicamentos, además que esto sea sostenible en el tiempo. “Nosotros no queremos perjudicar a nadie, solo pedimos medicamentos y atención gratuita para los pacientes. Nadie está libre de esta enfermedad”.
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