El empresario y líder del frente de oposición Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, es procesado por el denominado caso Focas, que implicó el traspaso de fondos públicos al privado
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repuso el arraigo (prohibición de viajar al exterior) que le fue retirado el 29 de enero al empresario y líder del frente de oposición Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien es investigado por el caso Focas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General plantearon la apelación en contra del levantamiento del arraigo, que le fue impuesto el 11 de febrero de 2017 como parte de las medidas tomadas en la investigación por el caso de Formación de Capitales en Áreas Secundarias (Focas), que implicó el traspaso de fondos públicos al privado.
Doria Medina es acusado por delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según datos del proceso, el imputado planteó la modificación de la medida preventiva sobre la base del certificado de nacimiento que acredita la edad de 60 años, lo que le permitiría ser beneficiario de los efectos de la Ley del Adulto Mayor (369). El Ministerio Público argumentó que el solo hecho de cumplir 60 años no implica, de manera automática, la modificación de las circunstancias que ameritaron la imposición de una medida cautelar.
"El argumento vinculado a la salud y vida de las personas es un elemento que no tiene similitud con el caso del imputado, pues en la decisión impugnada no se llegó a considerar afecciones de salud. Distinto es el caso del resto de los imputados que superan los 70 años de edad y que sumado a las afecciones de salud resultó preponderante para no aplicar el arraigo", establece la apelación, según un boletín de prensa de la Fiscalía General.
En 2017, se dispuso tres medidas sustitutivas a la detención para Doria Medina: la obligación de presentarse ante dependencias del Ministerio Público en el lugar de su residencia una vez cada primera semana de cada mes; la prohibición de salir del país sin autorización del TSJ; y una fianza económica de Bs 200.000.
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