Edwin Silva señala al Alcalde de haber pagado Bs 950.000 al dirigente universitario W.M. por 10 meses. La acusación está en la Fiscalía.
Una nueva denuncia por corrupción pública por delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado fue presentada ante el Ministerio Público contra el alcalde José María Leyes.
La denuncia es del 30 de octubre de 2018 por el ciudadano Edwin Rafael Silva Fernández quien justifica su acción en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado que expresa que todo boliviano tiene el deber de “denunciar y combatir todos los actos de corrupción, además de ejercer control social para prevenir y luchar contra la corrupción siendo considerados control social todos los actores sociales de manera individual o colectiva’
Denuncia al alcalde del municipio de Cochabamba, José María Leyes Justiniano y al secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, FUL, de la Universidad Mayor de San Simón, UMSS, W.M.
En la relación de hechos, Silva asegura que Leyes pagó favores políticos desde la Alcaldía. “El Sr. José María Leyes, ‘exalcalde’ de Cochabamba administraba las licitaciones y contrataciones a su gusto y antojo, disponiendo de los contratos como favores políticos (...) sin seguir las reglas debidas de contratación ni tampoco los parámetros necesarios”.
Se trata del contrato por un millón de bolivianos por 10 meses de trabajo en la Alcaldía como guardia de seguridad, siendo que el universitario “no es profesional. Es un universitario crónico de la UMSS. no es experto en temas de seguridad, ni tampoco registra mayor experiencia en el rubro. Su contratación es un negociado irregular, raya en la corrupción. Tiene un NIT tramitado el 3 de marzo de 2017, solo y expresamente para acceder a este jugoso contrato que fue firmado, autorizado y suscrito con el mismo alcalde José María Leyes”.
El convenio fue asignado con el proceso de contratación dentro del proyecto “servicios de protección y vigilancia ambiental serranía San Pedro, del municipio de Cercado, por la suma de 950.000 bolivianos por 10 meses de trabajo, es decir, 95.000 bolivianos por mes. Siendo que dentro de dicho proceso de contratación, ese era el precio más alto dejando de lado a empresas de seguridad serias y con experiencia”, es parte de la denuncia.
También dice que “Mejía no tiene el registro habilitado para ejercer como empresa de seguridad, por tanto no estaba habilitado para participar”. Este diario buscó a W.M. pero no respondió a los llamados.
Favor político
La denuncia dice que el dirigente trabajó pintando paredes en la campaña de Demócratas y le dieron el contrato como pago al favor político.
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