Juicios civiles posteriores determinarán el monto total al que ascendería el daño económico al Estado por adjudicaciones, adquisiciones y préstamos.
El alcalde José María Leyes y 22 funcionarios y exfuncionarios municipales sumaron 10 procesos en su contra, de ellos siete tienen que ver con el manejo de recursos que asciende a, aproximadamente, 67.280.063 bolivianos.
Se trata de adjudicaciones de proyectos, compras para la Alcaldía e incluso un préstamo de tres millones de bolivianos que el concejal por Demócratas, de Colcapirhua, David Suárez, dice haber entregado a Leyes en 2017 y exige la devolución de ese dinero.
En la lista de proyectos está la adquisición de mochilas escolares para las gestiones 2016, 2017 y 2018 a cuyos procesos se denominaron Mochilas III, II y I, respectivamente.
El caso Mochilas III fue presentado la anterior semana por la Contraloría General del Estado, regional Cochabamba. La denuncia se encuentra en la Fiscalía de Materia, contra el alcalde Leyes y 11 funcionarios por la compra de 92 mil mochilas por 9.6 millones de bolivianos.
Está también el proceso de compra de cámaras de vigilancia para el proyecto “Cochabamba, Ciudad Segura”. Se presume uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo e incumplimiento de deberes. El Viceministerio de Transparencia mencionó una suma de 29 millones de bolivianos.
El caso de dotación de desayuno escolar, por 1.2 millones de bolivianos, es parte del listado.
La última acusación, también tiene origen en la Contraloría de Cochabamba. Se trata de la compra, presuntamente, con irregularidades de una vagoneta, dos camiones y 20 motocicletas entregados al Comando Departamental de la Policía, por la suma de 980 mil bolivianos. La denuncia es que ninguna de las tres empresas invitadas cumplió con las especificaciones técnicas detalladas en la propuesta.
El concejal por UNICO, Edwin Jiménez, especificó que conocieron del caso en marzo, cuando recibieron un informe de la Contraloría General del Estado alertando de la “existencia de vulneraciones a la contratación de bienes y servicios al sector publico y obviando procedimientos para adjudicar”.
El Concejo emitió la resolución 7729/2018 determinando que el Ejecutivo tome las acciones pertinentes sobre los cuatro responsables del proceso irregular.
El Ejecutivo informó que se dio suspensión de funciones a los funcionarios responsables del proceso de contratación y adjudicación, y los miembros de la unidad requeriente.
Entre otras irregularidades halladas, Jiménez explicó que “no coinciden las fechas de las invitaciones, de la entrega de las motos con las de la orden de proceder; los miembros de la comisión calificadora fueron elegidos solo por la unidad requiriente, cuando la norma dice que es tarea de la unidad administrativa”.
Además, una de las empresas proponentes sacó su Registro Único de Proveedor del Estado el 28 de julio a horas 10:02, sin embargo, un día antes el 27, la comisión calificadora informó que presentó toda la documentación.
El alcalde suplente temporal, Iván Tellería, señaló que esperará el informe de Asuntos Jurídicos para ver de constituirse en parte querellante.
La concejala por el MAS Rocío Molina pidió que tras conocerse el nuevo caso de Mochilas III, el Ejecutivo debe sumarse a la denuncia.
De los 10 procesos contra Leyes, funcionarios y exfuncionarios, dos casos tienen relación con el inicio de juicios administrativos por el nombramiento de la intendenta Luz Rojas “sin títulos de respaldo”.
También hay otro proceso por la designación de Alex Contreras como secretario Ejecutivo, por el mismo motivo.
22 Funcionarios y exfuncionarios
El alcalde José María Leyes y 22 funcionarios y exfuncionarios municipales son señalados por la comisión de varias irregularidades.
Caso motos
La Alcaldía informó que halló responsabilidad administrativa en el caso de la compra de motocicletas para la Policía y anunció que suspendió de sus actividades, sin goce de haberes, a las cuatro funcionarios.
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