ODEBRECHT: SOBORNOS LLEGARON HASTA LOS HIJOS DE MINISTROS


El modus operandi para el pago de sobornos implementado por la empresa brasileña Odebrecht era el mismo en todos los países donde operaba. Para asegurarse la adjudicación de contratos realizaba transferencias bancarias o entregas en efectivo en paquetes o maletas.

Dicha modalidad está ampliamente explicada en el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación Caso Odebrecht-Lava Jato, presidida por la diputada Susana Rivero (MAS-IPSP), que fue aprobado por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sesionó el 14 de noviembre, y fue seguida atentamente por el expresidente Carlos Mesa desde uno de los palcos.

A solicitud de la comisión, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estableció operaciones inusuales o sospechosas de las personas relacionadas con la adjudicación de la carretera Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, con un sobreprecio de 42,5 millones de dólares.

Implicados

En el caso de Luis Humberto Landívar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos (SNC), responsable de la elaboración de los pliegos de licitaciones, se detectó transferencia de dinero de la empresa offshore Klienfeld Service Limited, subsidiaria de Odebrecht, constituida en Antigua y Barbuda.

Carlos Eduardo Morales Landívar, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, está vinculado después de que el 2 de marzo de 2006 se detectó la transferencia de una de las intermediarias de Camargo Correa. Se presume que sería C. Morales.

Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente general del SNC, responsable del proceso de contratación de ambos tramos carreteros, está implicado al haberse detectado la transferencia bancaria, el 4 de noviembre de 2008, de un intermediario relacionado directamente con Camargo Correa.

Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas y Servicios del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, figura como representante de una de las empresas de la intermediaria de Camargo Correa, “y tanto él como su esposa e hijo reciben mediante cheque, pagos de una de ellas entre 2007 y 2008”, según el informe final de la investigación (página 30).

C.M sin identificar

El informe de la Policía brasileña Castillo de Arena menciona a C.M como receptor de sobornos, y el informe de la comisión reconoce que “la investigación no logró la suficiente convicción para identificar plenamente al receptor C.M, dado que cuatro exautoridades del gobierno de Carlos Mesa, que reportan operaciones inusuales o sospechosas, tienen las iniciales C.M en el nombre, el primer o el segundo apellido como se estila en Brasil”.

Por esa razón, la comisión aplica “el principio jurídico pro homine, que significa que en caso de duda se debe aplicar lo más favorable al investigado”.

El informe refiere además que casualmente Carlos Mesa, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, Carlos Silvestre Romero Mallea y Luis Carlos Jemio Mollinedo, junto a Francisco Zaratti  Sachetti, Ricardo Vladimir Paz Ballivián, Oswaldo Candia Manzilla, Mario Enrique Espinoza Osorio, Guillermo Hugo San Martín  Arzabe, entre otros, “son parte de la Fundación Comunidad, lo que muestra el estrecho vínculo de confianza entre ellos”.

Conclusiones

Entre las conclusiones principales están que el esquema general Lava Jato “fue aplicado en Bolivia” mediante el pago de sobornos de manera directa (al beneficiario o por intermediarias) o a través de transferencias bancarias desde empresas offshore o paraísos fiscales, “efectivizados antes de finalizar la oferta para asegurar la adjudicación, continuando incluso después de la contratación o entrega de la obra”.

También se indica que el modus operandi aplicado en el país fue similar al peruano, “dirigido desde el más alto nivel vía decretos supremos, con el nombramiento de interinatos que recaían en personas de confianza”.

El documento elaborado por la comisión, además de identificar a las cuatro exautoridades mencionadas, refiere que se detectaron movimientos económicos inusuales o sospechosos de dinero en las cuentas bancarias de Carlos Mesa, expresidente de la República, y de sus excolaboradores: Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, exviceministro de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas; Luis Carlos Jemio Mollinedo, exministro de Hacienda, y Carlos Silvestre Romero Mallea, exviceministro de Energías Alternativas e interino de Servicios y Obras Públicas.

Otra de las conclusiones establece que las empresas brasileñas no llegaron a Bolivia por la afinidad de los gobiernos de izquierda de Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva, sino que trabajaron con los gobiernos anteriores.

La modalidad de contratación llave en mano fue incorporada por el gobierno de Mesa, con el Decreto Supremo 27328 del 31 de enero de 2003.

Recomendaciones

Después de su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el informe y todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para que active la cooperación judicial con las autoridades jurisdiccionales de Brasil y Perú con el fin de profundizar la investigación.

En esa dirección, el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, afirmó que una vez concluido el trabajo de la comisión corresponde que el Ministerio Público haga su tarea. “Lo que espera todo el pueblo boliviano son resultados, que se establezca la verdad histórica de los hechos, y si hay responsabilidades, las instancias jurisdiccionales competentes tendrán que aplicar las sanciones que en derecho corresponden”.



Hacían pagos a través de paraísos fiscales

El informe de la Comisión Mixta señala que el esquema para obtener o retener negocios era operado por empresas brasileñas a través de pagos a funcionarios, servidores públicos o personas allegadas.

Éstos se efectivizaban a través de transferencias bancarias extraterritoriales desde paraísos fiscales o empresas offshore, para lo cual se utilizaban bancos y cuentas de beneficiarios en países donde las reglas del secreto bancario fueron sólidas, o a través de pagos en efectivo en paquetes o maletas de manera directa o mediante intermediarios, con lo que se creaba una estructura financiera secreta para contabilizar y desembolsar dichos pagos.

“Las empresas brasileñas aplicaban este esquema común de operar vía sobornos para asegurar los contratos por obras públicas y las concesiones futuras por administración, antes de finalizar la oferta para proyectos, comprometiéndose a realizar inclusive pagos futuros”, señala parte del documento.

Los sobornos facilitaban la anuencia de autoridades de alto nivel y funcionarios clave de los países, quienes organizaban el modus operandi, para lo cual desarrollaban un entramado legal que facilitaba los requerimientos de las firmas brasileñas.

La emisión de decretos de emergencia, urgencia y excepción o circulares ayudaban a esta modalidad, así como el nombramiento de funcionarios ad hoc o temporales y recurrir a consultorías e informes técnicos.



Flujos migratorios coincidentes

Los flujos migratorios de las personas implicadas en la firma del contrato de la carretera Roboré-El Carmen también fueron investigados por la Comisión Especial Mixta.

En un inicio fueron indagadas 34 personas, de las que 22 tienen coincidencia en lugar (destino) y fechas con Marcos de Moura Wanderley, ejecutivo de Camargo Correa.

En ese marco, se estableció que “la mayoría de los viajes de bolivianos que tuvieron alguna decisión sobre la carretera era a Perú” (ver cuadro adjunto).

Marcos de Moura Wanderley estuvo en Bolivia en 31 oportunidades, después de la entrega de la obra no volvió. Su sede de operaciones era Lima y viajaba en promedio a cuatro distintos países cada mes. En la actualidad es procesado por el caso Lava Jato en Brasil y Perú.

Las coincidencias de viaje en lugares y fechas de exfuncionarios bolivianos incluían contactos con Jorge Henrique Simoes Barata, representante de Odebrecht.

De acuerdo con el flujo migratorio, el expresidente Carlos Mesa hizo 16 viajes al Perú y dos a Brasil, al igual que Moura Wanderley. Con Barata coincidió 16 veces en el Perú y cuatro en Brasil.

El detalle fue elaborado con base en los datos de la Dirección General de Migración de Bolivia, entre 2003 y 2009 (entrega de obras).

Carlos Mesa afirmó en reiteradas ocasiones que los viajes a ambos países no involucraron contactos con ninguna de las empresas brasileñas y señaló que en muchos casos fueron a escala para dirigirse a otros países del mundo y en otros se trataba de viajes oficiales.

El exmandatario descalifica el trabajo realizado por la Comisión Especial Mixta y afirma que no le preocupa ser investigado por el Ministerio Público porque “no hay una acusación específica” sobre sus movimientos financieros.

Fuente: Cambio