Cuando explotó el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, varios presidentes y expresidentes de Latinoamérica comenzaron a “sudar frío” porque temían que el problema tomaría ribetes mayores.
Los políticos más connotados de la región, que tuvieron una relación directa o indirecta con Odebrecht, comenzaron a negar cualquier vínculo con la constructora brasileña, pero las pruebas y las denuncias crecían como una gran bola de nieve.
Según las denuncias, Odebrecht tuvo una amplia acogida por gran parte de los políticos peruanos, siendo que varios expresidentes están salpicados por la corrupción.
A fines de marzo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por el escándalo cuando aún ocupaba su cargo.
Además de Kuczynski, otros presidentes y expresidentes de la región también se han visto implicados en el caso, que el Departamento de Estado de EEUU calificó como “el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia”, reseñó BBC Mundo.
En diciembre pasado, Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado 4,8 millones de dólares a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki.
Pero la onda expansiva de Odebrecht en Perú no acaba con la renuncia de Kuczynski.
Uno de los casos más destacados también ocurrió en Perú contra el expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pende una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción.
Desde julio del año pasado, el expresidente Ollanta Humala (2011 y 2016) y su esposa, Nadine Heredia, cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el mismo caso Odebrecht.
El matrimonio ha negado cometer algún ilícito, pero se presentaron ante la Justicia peruana tras conocer el fallo judicial.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso, uno de los asuntos que forman parte de la pesquisa es la supuesta entrega de 3 millones de dólares de Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial de 2011, en la que Humala resultó vencedor.
Por otra parte, el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y la líder opositora Keiko Fujimori, también han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, en el caso de Humala, reseño Efe.
Según la Fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó 7 millones de dólares en sobornos para quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García.
El mismo Brasil
El caso sacudió primero la escena política brasileña al más alto nivel, pues tanto el actual presidente, Michel Temer, como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, sus antecesores en el cargo, se han visto implicados.
El expresidente Lula, que mantiene su inocencia, ya sufrió un revés en los estrados judiciales, cuando fue condenado por otro caso de corrupción a 12 años de prisión, en febrero pasado.
Las sospechas también rondan a Dilma Rousseff —separada de la presidencia por un proceso no vinculado al escándalo Odebrecht—, quien ya fue llamada a declarar como testigo en el caso.
El actual presidente Michel Temer también es investigado por el caso Odebrecht.
Temer fue mencionado 43 veces en las “delaciones premiadas” de uno de los ejecutivos de la empresa constructora, informó la Afp.
TRES EXPRESIDENTES CONDENADOS
Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fue condenado en 2002 a cuatro años de cárcel por auxiliar con fondos públicos a un banco. Fue absuelto 2007.
Luis Ángel González Macchi (1999-2003) fue condenado en 2006 a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y en 2007 fue absuelto.
Raúl Cubas (1998-1999) fue encarcelado por su presunta responsabilidad en los asesinatos de unos manifestantes, por un desvío millonario y por colaborar en la liberación y fuga del exgeneral golpista Lino Oviedo, aunque fue absuelto.
GOBIERNOS MARCADOS
Gustavo Noboa (2000-2003) fue investigado por un supuesto perjuicio de 9.000 millones de dólares al Estado durante el proceso de renegociación de la deuda exterior en el año 2000.
Lucio Gutiérrez (2003-2005), quien fue destituido por el Congreso, se asiló en Brasil, Perú y Colombia, hasta que en 2005 volvió a Ecuador y fue encarcelado por sedición. Cinco meses después fue sobreseído.
Abdalá Bucaram (1996-1997) tuvo varios procesos por corrupción, asilado en Panamá y en 2017 regresó a su país tras la prescripción de los delitos.
LOS CASOS DE GUATEMALA, PANAMÁ Y HONDURAS
El expresidente guatemalteco Álvaro Colom ingresó a la amplia lista de exmandatarios latinoamericanos que han sido procesados o condenados por la justicia por distintos delitos.
Álvaro Colom (2008-2012) fue señalado el pasado 15 de febrero de la posible comisión del delito de peculado y fraude por la compra y subsidio de autobuses para un sistema de transporte implementado durante su mandato.
También en Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), que fue desaforado, está en prisión preventiva desde 2015 acusado de diversos delitos; Alfonso Portillo (2000-2014) estuvo en prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y sobre Jorge Serrano (1991-1993), asilado en Panamá, pesa aún una orden de captura por delitos comunes cometidos durante el fallido autogolpe de 1993.
Panamá y Honduras
En Panamá, el único gobernante perseguido por la justicia es Ricardo Martinelli (2009-2014) por una decena de casos, de los cuales cinco ya tienen expediente concreto. Se le acusa de varios actos de corrupción y por interceptación de comunicaciones privadas.
En Honduras, Rafael Callejas (1990-1994) fue procesado por corrupción por un caso de fraude ligado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y espera sentencia en territorio estadounidense bajo libertad condicional.
EXPRESIDENTA ARGENTINA AGUARDA POR JUICIO ORAL
El pasado 2 de marzo, el juez Julián Ercolini atendió favorablemente el pedido de Cristina Fernandez de Kirchner y elevó a juicio oral y público la causa contra la expresidenta por presunta “asociación ilícita”.
“En la causa se investiga a la expresidenta, a (su exministro de Planificación) Julio De Vido, a (el empresario) Lázaro Báez y a otros imputados por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur)”, informó en su página web el Centro de Información Judicial (CIJ).
Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, está acusada de formar una “asociación ilícita” y sacar provecho de ello al otorgar las obras por unos 2.400 millones de dólares al Grupo Austral, propiedad de Báez.
La denuncia contra Fernández fue presentada por la diputada Elisa Carrió, una de las aliadas del presidente Mauricio Macri. Mientras tanto, Báez y De Vido están en prisión preventiva.
CENTROAMÉRICA TAMPOCO SE LIBRA DEL FLAGELO
En Costa Rica, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) fueron condenados a cinco años de prisión por casos separados de desvío de fondos públicos. En 2014, Rodríguez fue absuelto y, en 2011, a Calderón se le redujo la pena a tres años en libertad condicional.
En contra de Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) y Premio Nobel de la Paz hay una investigación por prevaricato en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional un proyecto de minería, según la agencia Efe.
El salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde octubre de 2016 por supuestamente malversar 246 millones de dólares del presupuesto estatal.
El también salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, fue condenado en 2017 a reintegrar al Estado más de 419 mil dólares y se le investiga por la supuesta financiación de su campaña por parte de Odebrecht.
Por su parte, en Nicaragua, el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002) fue acusado de blanquear 10 millones de dólares de instituciones estatales y de mantener cuentas secretas en Panamá, fue condenado a 20 años de prisión y seis años después sobreseído.
PRESIDENTE COLOMBIANO SALPICADO POR DENUNCIAS
En Colombia, por su parte, fueron las declaraciones del exsenador Otto Bula —actualmente preso por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos de Odebrecht— las que salpicaron la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014.
Aunque el exsenador no entregó pruebas documentadas de la financiación, en marzo de este año el jefe de la campaña de Santos, Rodrigo Prieto, confirmó el aporte de la firma brasileña en 2010 para el pago de dos millones de afiches de promoción proselitista.
Pero Prieto aclaró que el mandatario colombiano no tenía “conocimiento de estos ingresos”.
Además, la propia Fiscalía informó que la firma brasileña sí había hecho aportes a la campaña de presidencial de Santos y su rival en 2014, Óscar Iván Zuluaga.
Pero la situación obligó al expresidente Álvaro Uribe a demandar una investigación interna en su partido Centro Democrático.
Fuente: Los Tiempos
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