El juez federal Sergio Moro decretó ayer la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, y le concedió un margen de un día para entregarse.
Moro permite en su auto que Lula se presente voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, en un plazo máximo de 24 horas.
“Al condenado, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 (hora local, 20.00 GMT), del día 06/04/2018, cuando deberá ser cumplido el mandato de prisión”, señaló Moro en su decisión.
La decisión del juez federal llega menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un “habeas corpus” para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.
Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, condenó el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en la ciudad de Porto Alegre.
Evitarán prisión
Horas antes, la defensa de Lula había anunciado que adoptará todas las medidas posibles para evitar la anticipación de la ejecución de la pena, que considera ilegal, ante el inminente encarcelamiento del dirigente.
“La defensa adoptará todas las medidas legalmente previstas para evitar que la anticipación de la pena impuesta automáticamente por el tribunal sea ejecutada, porque es incompatible con la Constitución”, según un comunicado divulgado ayer por los abogados Valeska Teixeira Martins y Cristiano Zanin Martins.
Según sus abogados, el posible encarcelamiento del líder más carismático de Brasil y favorito en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre también es incompatible con “el carácter ilegal de la decisión que condenó a Lula por el crimen de corrupción basada en ‘actos indeterminados’ y sin comprobación de que hubiese solicitado o recibido ventaja indebida (sobornos)”.
De acuerdo con la defensa, la Constitución brasileña garantiza el derecho a la presunción de inocencia, por lo que, en su opinión, Lula no puede ser encarcelado hasta que no se agoten todos los recursos a que tiene derecho, incluso en tribunales de tercera y cuarta instancia.
La jurisprudencia brasileña determina que una persona cuya condena haya sido confirmada por un tribunal colegiado, como el expresidente, tiene que comenzar a cumplir la pena cuando ya no le quede ningún recurso ante la segunda instancia.
Pese a que el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región con sede en Porto Alegre ya confirmó la condena de Lula, elevó su pena de 8 a 12 años de prisión y rechazó los primeros recursos contra tal decisión, el código de proceso penal prevé la posibilidad de que el condenado presente un último recurso para que algunas de esas decisiones sean mejor explicadas por los magistrados.
12 años de prisión es la condena que fue impuesta al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acusado de corrupción.
RESPALDO DE ALIADOS
El presidente de Bolivia, Evo Morales, difundió un mensaje por las redes sociales para rechazar el cerco judicial contra Lula da Silva, con el propósito de impedir su candidatura en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también se solidarizó con Lula “quien ejecutó políticas sociales para dignificar a los sectores históricamente marginados, como los pobres y la clase trabajadora”.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro escribió en Twitter que “no solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil.
LA PRESIDENTA DEL PT ASEGURA QUE LULA ESTÁ “TRANQUILO”, TRAS EL FALLO DEL STF
El expresidente “está tranquilo, sereno, con la consciencia tranquila de los inocentes”, dijo ayer la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann al término del primer cónclave del PT luego del fallo judicial que dejó más cerca de la cárcel a Lula.
Los máximos dirigentes del PT se reunieron por la mañana en el Instituto Lula de Sao Paulo para analizar los próximos pasos a seguir.
En el cónclave participó la expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, destituida por el Congreso en 2016 en el marco de un procedimiento de “impeachment” (juicio político) por manipulación de las cuentas públicas.
Rousseff acompañó a Lula en las últimas semanas en numerosos mítines por todo el país, en el marco de la precampaña de las elecciones de octubre de 2018.
Hoffmann declaró que indistintamente del escenario judicial, el PT mantendrá la candidatura de Lula.
Según la dirigente, la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) vulneró “el derecho constitucional de la presunción de inocencia” y presentó a Brasil a ojos del mundo como “una republiqueta bananera”.
Hoffmann afirmó que la decisión vulneró “el derecho (del expresidente) que la Constitución le resguarda de presunción de inocencia”.
Gleisi había dicho en enero que “para detener a Lula, van a tener que detener a mucha gente pero, más que eso, van a tener que matar gente”.
LA TASA DE APROBACIÓN DEL GOBIERNO DE TEMER SIGUE EN UN 5%, SEGÚN SONDEO
La tasa de aprobación del Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, se mantiene en un escaso 5 por ciento, según un sondeo divulgado ayer, que además sitúa en un 8 por ciento el índice de confianza en el mandatario.
La encuesta fue realizada por el instituto Ibope para la Confederación Nacional de la Industria (CNI, patronal), y presenta prácticamente los mismos registros que el Gobierno y el propio Temer tenían en diciembre pasado, cuando se realizó una encuesta similar.
Así como el apoyo a la gestión de Temer se mantiene en mínimos, no hubo casi variaciones en la tasa de desaprobación del Gobierno, que el sondeo ubicó en un 72 por ciento.
En los últimos meses, el Ejecutivo puso ese asunto en el centro de su agenda, mediante una intervención federal en Río de Janeiro, una medida polémica que entregó la dirección de las policías a las Fuerzas Armadas, a fin de combatir la ola de violencia que azota a esa ciudad desde hace más de un año.
Aun así, el sondeo indicó que el 74 por ciento de los consultados reprueba la actuación del Gobierno en todas las áreas, con especial rechazo a la gestión de la salud pública y las políticas tributarias.
La encuesta fue divulgada seis meses antes de las elecciones de octubre próximo, a las que Temer ha insinuado que pudiera presentarse como candidato para seguir en el poder.
Fuente: Los Tiempos
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